Nuevo varapalo judicial al equipo de Gobierno socialista de Almonte

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva obliga al Consistorio almonteño, dirigido por Rocío Espinosa, a tramitar el expediente de revisión de oficio por la posible nulidad en la compra de las parcelas de la Dehesa Santa María. Una vez realizado dicho informe, será el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía el que deberá dictaminar si la operación que llevó a la administración local almonteña a comprar dos fincas rústicas – formadas por cuatro parcelas -, en 2006 por valor de 4.5 millones de euros se ajustó o no a derecho.

Entre los meses de septiembre y octubre de 2006, el Ayuntamiento de Almonte, entonces gobernado por el socialista Francisco Bella, aprobó en Junta de Gobierno local la compra de dos fincas rústicas situadas a varios kilómetros del núcleo urbano por valor de 4,5 millones de euros en teoría para ampliar el convenio urbanístico La Higuera y para la construcción de una hipotética Ciudad Deportiva.

En el momento de la compra, las fincas estaban catalogadas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable, una condición que el Ayuntamiento no cambió cuando tuvo oportunidad en 2008, al realizar la revisión correspondiente del PGOU, cuando las fincas llevaban ya dos años en propiedad de la administración local.

En 2011, con la llegada de los populares al Gobierno de la localidad, se acomete una auditoría urbanística con el fin de conocer el estado de los convenios urbanísticos firmados con anterioridad. Es entonces cuando afloran las sospechas sobre algunas de las operaciones efectuadas hasta entonces, como la de la Dehesa Santa María o la compraventa del campo de golf de Matalascañas, una causa que vio truncada su vía penal por la retirada de la acusación municipal por parte de la actual alcaldesa socialista Rocío Espinosa pero que en su vía administrativa recibió en primer lugar el dictamen del Consejo Consultivo que corroboraba la nulidad de una operación que ascendía a 7,5 millones de euros y posteriormente, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que obligaba a ejecutar la reversión de la compraventa.

En el caso de la compra de las fincas de la Dehesa Santa María el por entonces equipo de Gobierno popular elevó al Pleno de la Corporación el inicio de la revisión de oficio de esta operación. Sin embargo, el voto contrario de los concejales socialistas junto al del concejal tránsfuga del PP Alberto Mondaca, impidieron que el Consejo Consultivo pudiera pronunciarse sobre esta compra.

El PP consideró entonces que había claros indicios de que la operación auspiciada por el Gobierno socialista estaba orquestada con anterioridad, habiéndose pactado previamente el precio y los plazos. Así, el 20 de septiembre de 2006, las familias propietarias de los terrenos lanzan la oferta de venta al Ayuntamiento de Almonte, que procede a su compra tan sólo 24 horas después. Para el PP, resultó sospechoso que en solo un día tras la presentación de las ofertas estuvieran listos el inicio del expediente con la justificación de ampliar el patrimonio municipal del suelo, la valoración del arquitecto técnico municipal y el informe del interventor accidental.

Además, dentro del expediente de compra del Ayuntamiento se presentaron valoraciones de inmobiliarias fechadas con anterioridad al lanzamiento de la oferta de los propietarios originales y sólo una de ellas fue posterior, concretamente del 22 de septiembre. Las demás databan del 12, el 14 y el 19 del mismo mes.

Para colmo, más tarde, un informe emitido por el perito agrícola municipal desvelaba que en función de las valoraciones en las referencias catastrales el valor de las cuatro parcelas que componían las dos fincas adquiridas por el Ayuntamiento no superaban los 1.7 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a los 4,5 que pagó el Consistorio por estas tierras.

Ante la paralización del proceso de revisión de oficio a causa del voto negativo del tránsfuga y los socialistas, José Joaquín de la Torre, por entonces portavoz del equipo de Gobierno del PP, interpuso un recurso contencioso administrativo que ahora deriva en una sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar el expediente y elevarlo al Consejo Consultivo para que este dirima si existen unas causas de nulidad que obligarían, como en el caso del campo de golf de Matalascañas, a revertir todo el proceso de compra.

La actual alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, se verá obligada por la Justicia a someter al dictamen del Consultivo una operación de compra que ella misma avaló con su voto afirmativo en Junta de Gobierno en 2006 y que más tarde, en octubre de 2014, impidió que se llevara a consulta ante el organismo de la Junta de Andalucía con su voto negativo en el Pleno de la Corporación.

En el último Pleno municipal, celebrado el pasado 10 de noviembre, la alcaldesa fue interpelada por la oposición a este respecto. Rocío Espinosa aseguró no tener noticias sobre la causa, a pesar de que la sentencia fue expedida el pasado 26 de octubre.