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Nueva demanda de UPU contra el proyecto de las cuatro torres de Punta Umbría

Alega que el informe de Secretaría «falta deliberadamente a la verdad y emplea una argucia» para legalizar el acuerdo

HuelvaActualizado:

Dos semanas después de que un juzgado diera luz verde al Ayuntamiento de Punta Umbría para la venta de las parcelas de la Avenida de la Ría, en la que se levantarán cuatro torres de pisos, al admitir los argumentos expuestos en defensa del proyecto por los departamentos municipales de Intervención y Secretaría, desde la oposición se presenta demanda a los tribunales para tratar de parar la tramitación.

En un recurso presentado en vía contenciosa por el portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, alega que el informe de la Secretaría (realizado en septiembre pasado), uno de los documentos en los que se apoyó el Ayuntamiento para en sus alegaciones al juzgado para conseguir el visto bueno de la operación,«falta deliberadamente a la verdad y con un manifiesto ánimo de inducir al error en la decisión judicial a adoptarse».

En este punto, señala que las parcelas cuya enajenación constituye el objeto del procedimiento pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), según consta en el actual Inventario Municipal y el vigente en la adopción del acuerdo «así lo ha venido reconociendo el propio Ayuntamiento hasta que se interpone este procedimiento».

Refiere, en este sentido dos sentencias del TSJA (2011 y 2012) que consideran que todos los bienes que integran el la superficie municipal de Punta Umbría –tras la segregación del Ayuntamiento de Cartaya – pertenecen al Ayuntamiento con la calificación jurídica de bienes de propios integrados en el patrimonio municipal del suelo, - mayo de 1.963 por el que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana-, calificación que no ha sido alterada en ningún momento. Además, añade UPU en su recuso, «en el Presupuesto Municipal de 2017 y en documentos del propio expediente administrativo, también constan que están integradas en el PMS».

El informe de la Secretaría, subraya, «falta deliberadamente a la verdad, empleando una argucia con un claro ánimo de confundir y legalizar ficticiamente la adopción de un acuerdo que a sabiendas conoce que no lo es».

Así, solicita al juzgado la medida cautelarísima de suspensión del acuerdo, y que expresamente que se deduzca testimonio a Fiscalía, por si los hechos y actuación narrada pudiera ser constitutiva de delito.