El instructor pide al fiscal jefe de Huelva que diga si ve o no delito en la causa de los cursos de formación

El magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero , responsable de la investigación del fraude de los cursos de formación en la provincia, ha acordado remitir la causa al superior jerárquico del fiscal del caso, J esús Jiménez Soria, para que informe si finalmente sostiene o no la acusación en la pieza principal (política) , después de que hace solo una semana el Ministerio Público solicitara el archivo, en un giro de última hora .

En este caso, se están investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos el que fuera delegado de Empleo en la provincia, Eduardo Muñoz, y otros seis cargos de la Junta. El Ministerio Público -indica la providencia del instructor- ha remitido un informe de fecha 24 de abril en el que cambia de criterio y solicita el sobreseimiento. « No se explica cómo, una vez confirmado el auto por la Audiencia Provincial, y sin practicar ninguna diligencia de investigación adicional, con el mismo resultado de la investigación judicial, se pida ahora el sobreseimiento de la causa, cuando meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados».

El juez pone de manifiesto que durante más de dos años se ha llevado a cabo «una exhaustiva investigación » de los hechos, primero por el Grupo I de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, y después por este Juzgado, dando cumplida información de todos los trámites y diligencias al Ministerio Fiscal.

En este punto, subraya el juez que «como colofón a toda la instrucción judicial, y tras los evidentes indicios racionales de criminalidad en los funcionarios de la Junta de Andalucía, en fecha 19 de julio de 2016 se dictó auto de procedimiento abreviado, y pese a todos los recursos interpuestos en su contra, el Ministerio Fiscal, tras cerca de cinco meses de análisis de los mismos, informa que procede la desestimación de los recursos y la confirmación del auto de procedimiento abreviado».

Así, considerando « injustificado » el cambio de criterio del Ministerio Fiscal, y entendiendo, que tras las diligencias practicadas existen indicios suficientes para continuar las actuaciones por un presunto delito de prevaricación (artículos 404 a 406 del Código Penal) y un presunto delito de malversación de caudales públicos (artículos 432 a 435 del Código Penal), procede remitir la causa al superior jerárquico del fiscal para que informe si finalmente sostiene o no la acusación, para lo que el juez le otorga un plazo de diez días.