La alcaldesa de Isla Cristina denuncia coacciones, insultos y amenazas
La regidora acusa a un grupo de despedidos por el Expediente de Regulación de Empleo que llevó a cabo el Consistorio
HUELVA Actualizado: GuardarLa alcaldesa de Isla Cristina (Huelva), Antonia Grao (PIF), ha denunciado ante los tribunales por insultos, amenazas y coacciones a un grupo de «seis o siete exempleados del Ayuntamiento» de entre los 80 que se vieron envueltos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que llevó a cabo el consistorio.
Grao, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que viene sufriendo «continuamente desde hace un año esta persecución» con insultos, amenazas y coacciones «en un pueblo donde todos nos conocemos».
La alcaldesa isleña ha señalado que durante los primeros meses decidió aguantar la situación «ya que sabemos que un despido es duro y que es gente que lo puede estar pasando mal con la familia» pero dado que los insultos contra ella y su equipo de Gobierno han proseguido en el tiempo, he decidido que «ya está bien y que sea la justicia la que actúe».
La máxima responsable del Partido Independiente La Figuereta (PIF) también ha indicado que «en todos los plenos hay también insultos y amenazas» y que la oposición del municipio «en lugar de intentar pararlos los incita», por lo que en numerosos actos que se celebran en el municipio «van detrás de nosotros» y eso hace que la situación sea «insostenible».
Grao ha lamentado que algunos concejales del PSOE y del PA «que son los responsables de la situación de quiebra del Ayuntamiento estén alentando este comportamiento» y ha destacado que «están entrando en ese juego, pese ha haber estado hasta hace poco con responsabilidades de Gobierno o sabiendo que en el día de mañana les puede tocar a ellos».
La alcaldesa isleña ha señalado que «todo el mundo tiene derecho al pataleo y ha reclamar sus derechos, pero para eso también hay unos cauces legales».
Grao ha querido dejar claro que la denuncia solo ha ido dirigida contra «los seis o siete exempleados de siempre» y que el resto de los 80 afectados por el ERE están «tranquilamente en sus casas y con un proceso judicial legítimo contra el Ayuntamiento».
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