Retiran la acusación a un procesado y anuncian un preacuerdo con otros seis en el juicio por el fraude en la Alhambra

La Fiscalía y la Junta de Andalucía han retirado este jueves su acusación respecto a uno de los cincuenta procesados en el juicio por el supuesto fraude en los accesos a la Alhambra de Granada y han anunciado acuerdos previos de conformidad para otros seis más, aunque estos todavía deberán ratificados ante el tribunal.

El acusado que finalmente ha quedado fuera del proceso y que quedará absuelto cuando se dicte sentencia es Juan C.J., de la empresa Washington Irving Travel, le ha avanzado el presidente del tribunal, José Requena, antes de que este abandonara la sala.

Por otra parte, seis de los acusados en el juicio por el presunto fraude, que ha comenzado este lunes en una sala especialmente habilitada por la Audiencia de Granada, han llegado a un acuerdo previo de conformidad con la Fiscalía (cinco de ellos) y con la Junta (el sexto), que ejerce la acusación particular.

Los cinco acusados que han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, ha explicado a Efe el fiscal del caso, Luis Salcedo, son dos guías turísticos y tres trabajadores -un oficial de primera y dos controladores- que han aceptado penas de nueve meses de cárcel, tres por un delito de apropiación indebida y otros seis por uno de falsedad.

El sexto acusado que ha llegado a una conformidad, en este caso con la Junta de Andalucía, es un empleado de la entidad BBVA que ha aceptado tres meses de cárcel por apropiación indebida, han informado a Efe fuentes del caso.

No obstante, todos estos acuerdos previos de conformidad deberán todavía ser ratificados ante el tribunal de la Sección Segunda encargado del caso, han añadido las fuentes.

Medio centenar de acusados

El juicio, que sienta en el banquillo a medio centenar de acusados y que ha fijado 44 sesiones hasta final de diciembre, ha arrancado este jueves mañana con las cuestiones previas de las partes, que en las primeras horas de vista oral están planteando la nulidad de diversas partes del proceso.

Según el relato de la acusación pública, entre los años 2002 y 2005, algunos de los acusados ejecutaron un plan para conseguir un «provecho patrimonial ilícito», de modo que el dinero para obtener una entrada con la que acceder a la Alhambra no se ingresaba en el Patronato por los sistemas reglamentarios.

Lograron que se permitiera el acceso de clientes sin entradas, con unas compradas pero cuyo uso no se correspondía con los datos que figuraban en ellas o bien que habían sido imprimidas «de manera ilícita», indica el fiscal, que advierte de que se produjo un exceso de aforo que ocasionó además daños en el patrimonio histórico.