Caso Nazarí

El principal funcionario implicado del caso Nazarí está vinculado a 50 cuentas bancarias

La Fiscalía cree que además recibió un ingreso de 50.000 euros desde un paraíso fiscal

Lorente, a la derecha junto al exalcalde y la exedil de Urbanismo granadinos
Lorente, a la derecha junto al exalcalde y la exedil de Urbanismo granadinos - ABC

Manuel Lorente era quien manejaba «de facto» la presunta «organización criminal» que operaba en el Ayuntamiento de Granada. Estaba sólo por debajo del exalcalde popular Torres Hurtado y la concejal Isabel Nieto, según se desprende del sumario del caso Nazarí al que ha accedido ABC. En este documento aparece su relación de cuentas bancarias: casi una treintena, además de alrededor de 25 productos financieros entre depósitos y fondos. Cifras llamativas si se tiene en cuenta que Lorente ha sido desde los años 80 funcionario municipal, aunque ocupó puestos de confianza en Urbanismo durante la mayor parte de su carrera.

En concreto, Lorente aparece como titular o autorizado de casi 30 cuentas en siete instituciones financieras diferentes. Su nombre está vinculado a diez cuentas en el BBVA, nueve de Caja Rural de Granada, dos en el Santander, dos en UNO-e Bank, dos del Banco Mare Nostrum, otro par en Banco Popular Español y una en ING Bank. También sería propietario de seis viviendas: su domicilio, un inmueble en Fuengirola, uno en Sierra Nevada y tres más en Granada, los cuales compró para sus hijos. Estos tres últimos pisos pertenecían a una promoción de Roberto García Arrabal, uno de los empresarios investigados en el caso Nazarí.

Ascenso, caída y remontada

La relación de Lorente con el Consistorio viene de largo. Llegó al Ayuntamiento en 1986 como técnico. Al año siguiente ya era jefe de área y en el 88 alcanzó la Dirección de Obras Públicas, puesto que ocupa hasta 1995. El popular Gabriel Díaz Berbel le apartó de los puestos de confianza cuando llegó a la Alcaldía y Lorente quedó rebajado a ingeniero municipal «sin más». Volvió a ascender a una jefatura cuando entró el socialista José Moratalla. Fue entonces cuando el Ayuntamiento adjudicó varios párkings subterráneos de propiedad municipal, cuyos expedientes están siendo investigados por su presunta «irregularidad».

La llegada del PP al gobierno local no habría acabado con las supuestas malas artes. De hecho, el resto de operaciones urbanísticas bajo sospecha se tramitaron durante el mandato de Torres Hurtado. Lorente dimitió en 2008 «por razones familiares», aunque la juez cree que lo hizo para no dar cuenta pública de su declaración de bienes. «Yo no quería que se supieran mis bienes», alegó Manuel Lorente en el juicio, para que no trascendieran los ingresos de su mujer. Por las envidias, dijo. Al poco tiempo, Lorente regresó a la Concejalía para ocupar un cargo que no existía: la Dirección Técnica de Obras. Al ser un puesto técnico, no estaba obligado a publicar su patrimonio.

¿Pero cómo pudo costear Lorente tal cantidad de bienes? Su mujer, registradora de la propiedad, habría obtenido unos 8 millones y medio de euros en los últimos 15 años, frente al millón y medio ganado por Lorente. Así explicó su riqueza, que no podría haberse fraguado de forma natural con los 75.000 euros anuales que Lorente percibía del Ayuntamiento.

Un paraíso y nueve delitos

«Jamás», contestó Lorente con la boca achicada a la pregunta sobre si había recibido una transferencia de más de 50.000 euros por parte de Land Planning Group, una sociedad radicada en un paraíso fiscal británico, según el Ministerio Público. No pudo negar la relación de «al menos» uno de sus hijos, Javier, con el «entramado» empresarial de Roberto García Arrabal, quien podría haber operado en hasta cuatro sociedades, aunque únicamente conste como socio en una de ellas. Estas empresas explotan distintos comercios del centro comercial Serrallo Plaza, que está siendo investigado en el marco del caso Nazarí, al igual que el expediente del Pabellón Mulhacén, vinculado a García Arrabal.

A Manuel Lorente se le está investigando por la posible comisión nueve delitos: asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, frauda en la contratación, cohecho, malversación de caudales públicos, contraordenación del territorio, blanqueo de capitales y acoso laboral. Aunque Lorente negó la mayor, diversos testigos y la propia UDEF le sitúan en los puestos altos de la supuesta trama.

Los correos de la exconcejal y el empresario

La familia García Arrabal es sinónimo de promoción inmobiliaria en Granada. Roberto, uno de los ocho hermanos, mantenía conversaciones sobre tramitaciones urbanísticas con la concejal Isabel Nieto, que no utilizada su correo corporativo sino el mail vuelvoaronda@hotmail.com.

«He visto al alcalde con mucha urgencia», le dice a la concejal, por el «asunto tenis». Nieto le responde que «Jacobo» [de la Rosa] -el testigo clave- «está de viaje», pero que ha hablado con otros altos funcionarios: «Parece que sí es posible. Continuará la próxima semana, como las telenovelas...». Para la UDEF, Urbanismo solía trabajar dos informes, uno favorable y otro desfavorable, en función de lo que las empresas pagaban. En el mismo hilo de mensajes, Roberto García Arrabal le pide a Nieto que le firme una licencia «lo antes posible». Nieto le responde al día siguiente: «Licencia firmada».

Esa sintonía no es constante: en los correos aparecen verdaderas broncas en las que ambos se reprochan las demoras en sus respectivas funciones. En otro asunto, García Arrabal echa en cara a Nieto que tenga que pagar 950.000 euros «de más» al Ayuntamiento sobre el precio que él mismo había acordado con la exconcejal, si bien se muestra comprensivo: «Sé que tienes dificultades internas».

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