AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El PP de Granada acusa al PSOE de usar a funcionarios para su acusación en el Caso Serrallo

Los populares sostienen que el personal del Ayuntamiento habría elaborado hasta 50 escritos aportados a la causa por los socialistas

El concejal del PP de Granada, Juan Antonio Fuentes RAMÓN L. PÉREZ

Leo Rama

El grupo municipal del PP en Granada quiere que el Ayuntamiento abra una investigación oficial sobre el posible uso de funcionarios por parte del Consistorio para que redactaran documentos aportados por el PSOE para su acusación popular en el caso Serrallo , un presunto episodio de corrupción por el que están imputados –entre otros– el exalcalde José Torres Hurtado y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

«Estamos ante un gravísimo caso de utilización de recursos públicos cuyo único fin sería hacerle daño al Partido Popular», sostiene el coordinador del grupo popular, Juan Antonio Fuentes, en referencia a «informaciones que apuntan a que funcionarios municipales pudieron los remitentes de hasta 50 escritos» de la acusación popular que ejerce el PSOE en el citado caso de presunta corrupción urbanística.

Fuentes ha criticado las «dos caras» del alcalde, el socialista Francisco Cuenca, que se muestra «sonriente y simpático en las numerosas fotos que se hace a diario», mientras hace «lo que sea con tal de hacer daño». Para el edil popular, la confirmación de las informaciones sobre los documentos aportados al caso Serrallo sería la confirmación de que Cuenca está «embarcado en una cacería personal» contra los concejales del PP : «El tiempo dirá si teníamos razón».

Abogado privado con sueldo público

La acusación de los populares se suma a otra denuncia que recientemente hizo el PP sobre la contratación –por parte del Ayuntamiento– del mismo abogado que dirige la estrategia acusatoria del PSOE en el caso Serrallo. «Como dato no tan anecdótico», Fuentes ha recordado que fue ese abogado el que solicitó que fueran investigados los concejales del PP pertenecientes a la Junta de Gobierno Local en la que se tramitó el expediente urbanístico en cuestión.

Por ello, el PP considera que es «inaplazable» la investigación de este asunto y su depuración hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, Juan Antonio Fuentes ha incidido en la existencia del artículo 411 del Código Penal , que prevé penas de multa y suspensión de empleo público para aquellas autoridades o funcionarios que realicen actividades al servicio de entidades privadas.

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