La otra vida de los portátiles de la Junta

La Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada (UGR) está reciclando los ordenadores portátiles que la Junta de Andalucía repartió gratuitamente hace siete años entre el alumnado de 5º y 6º de Primaria y sus maestros, y que hoy se encuentran mayormente abandonados en las casas si es que no se revendieron.

«Se han desaprovechado muchísimo», lamenta el director de la oficina, Juan Julián Merelo. Este catedrático de la UGR, apasionado de la informática, recuerda que «muchos colegios no sabían como utilizar» los ordenadores, unos ultraportátiles Toshiba o de otras marcas, con una tapa de color verde, que, como señalan en la página web de la Oficina de Software Libre «tuvieron cierto uso al principio pero que, en la mayor parte de los casos y desde que los colegios han dejado de exigirlos, están arrumbados en cajones o trasteros».

En el mes que llevan con esta campaña dirigida a recuperar los ordenadores abandonados de la Junta, estos informáticos de la UGR han podido reciclar un ordenador que utilizarán en la oficina, si consiguen darle vida. Si no, utilizarán sus piezas en otras máquinas. Así mismo, han reactivado alrededor de una decena a los que han reinstalado sus sistemas operativos evitando los programas de gestión específica que los ralentizaban con actualizaciones predeterminadas.

Con los que vayan llegando, seguirán el mismo procedimiento. Si no funcionan, aprovecharán las piezas para otros portátiles o usarlos en los campus infantiles que organizan, o incluso donarlos a asociaciones y organizaciones no gubernamentales con las que colaboran en campañas periódicas.

La labor de la oficina es básicamente reutilizar ordenadores, y no son pocos los universitarios que se apuntan a pedir ayuda para instalar Linux en sus portátiles. Ya en su día, la Junta de Andalucía, a pesar de tener la titularidad de los portátiles, indicó que los estudiantes podrían quedarse con los ordenadores que se quedaron en más de un 70 por ciento «rotos o desconectados» en los institutos o desaparecidos, pero sobre todo en las casas de las familias que, o los sustituyeron por otros nuevos, o simplemente los dejaron de arrancar.

Segunda oportunidad

Estos ordenadores contaban con una «lista negra» de webs a las que los chavales no podían entrar ya se conectaran desde la escuela o casa. Los que les instalaron Windows empeoraron la cuestión al tener poca memoria para ir bien con este sistema operativo.

Para recuperarlos, estos informáticos les instalan la última versión de Ubuntu, un sistema operativo basado en Linux que se utiliza como software libre, esto es, que puede ser usado, copiado, y redistribuido libremente. Lo hacen de tal modo que «se pueda usar perfectamente y sin problemas y se pueda seguir actualizando». Desde la Junta de Andalucía, que también apostó por el software libre con Guadalinex, no han controlado qué fue de estos ordenadores al ser difícil seguirles el rastro. Están obsoletos y las familias han dispuesto de ellos como han considerado.

Más allá de las tabletas y móviles inteligentes que los chavales suelen usar hoy, también en clase, estas mismas familias «no saben que tienen una segunda oportunidad», explica Manuel Cogolludo, técnico de la Oficinade Software Libre, que es partidario de aprovechar estos portátiles que «van bien» y son «manejeros, pequeños» evitando con su reciclaje que los padres tengan que gastarse «entre 400 y 700 euros» en un portátil nuevo. Él mismo puede dejar como nuevo un portátil abandonado de la Junta en una hora y media si lo ve claro, o en una semana si la cuestión se complica. Pero, en cualquier caso, le crea un «traje a medida que es lo que permite el software libre». Le hace al ordenador, como explica Nuria Rico, subdirectora de la oficina, «borrón y cuenta nueva».

A 50 euros en el mercadillo

El reparto gratuito de los 300.000 portátiles andaluces levantó polémica en otros puntos de España con declaraciones como las de la entonces consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, que lamentó en 2010 que en un mercadillo de Málaga estos portátiles se vendían por 50 euros. Las críticas en Andalucía vinieron en gran medida de los colegios concertados en los que prácticamente se obvió la formación al profesorado para utilizar correctamente estos ordenadores.

Con una inversión que superó de largo los 100 millones de euros, solo 1 millón se destinó para enseñar a utilizarlos. Estos mismos informáticos que promocionan las bondades del software libre entre la comunidad universitaria trabajaron en su día voluntariamente para que el denominado plan Escuela TIC 2.0. funcionara pese a que la Junta pareció más preocupada de la propaganda de que diera sus frutos antes de suprimirlo en 2012.