Juana Rivas pide que se suspenda de forma cautelar la sentencia en su contra - L. R.
CASO JUANA RIVAS

Juana Rivas recurre al Constitucional tras agotar la vía judicial ordinaria

La defensa de la madre podría apelar en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

GranadaActualizado:

El Tribunal Constitucional dirimirá el caso de Juana Rivas, cuya defensa presentó este jueves un recurso de amparo ante el órgano al que compete evaluar la posible violación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. Después de que la Audiencia Provincial de Granada se pronunciara en contra de la petición de nulidad formulada por la madre y ratificara el cumplimiento de la sentencia que la obliga a entregar a sus hijos al padre que la maltrató, las esperanzas de Rivas están puestas en el último tribunal nacional al que puede acudir.

Juana Rivas lleva dos semanas en paradero desconocido con los dos menores, de 3 y 11 años, tras negarse a que marchen con su expareja, Francesco Arcuri, a Italia por ser el país donde los niños residían. Este acto de desobediencia civil ha provocado que esté siendo investigada por un presunto delito de secuestro, fruto la denuncia que contra ella interpuso Arcuri la pasada semana. Su negativa incluso a declarar ante el juez la deja en una delicada situación, ya que además ahora pesa sobre ella una orden de busca y captura.

Su futuro dependerá de cómo se interprete la Constitución, de la cual emana el ordenamiento jurídico español. Es el Tribunal Constitucional el órgano independiente encargado de evaluar la posible violación de los derechos fundamentales articulados en la ley de leyes de 1978. Los magistrados que lo componen son en su mayoría elegidos por las Cortes y el Gobierno, por lo que, si bien siempre se deben a la legalidad vigente, la voluntad política puede determinar la lectura que se haga de la Carta Magna.

Desafío a la justicia

La desafiante postura que ha tomado Juana Rivas responde a la posible existencia de anomalías acaecidas durante el litigio. Su defensa entiende que se han cometido múltiples irregularidades a lo largo del laberíntico procedimiento judicial en el que se halla. La funcionaria que asistió a Juana después de que ésta regresara a España con los niños, Francisca Granados, directora del área de Igualdad de Maracena, insiste en la necesidad de que los jueces apliquen la legislación en materia de violencia de género para resolver el caso.

La madre estaría dispuesta a aparecer si el Tribunal Constitucional suspende de forma cautelar la sentencia civil del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, por la que está obligada a entregar a los niños. De ser así, Rivas se personaría voluntariamente para declarar sobre el supuesto secuestro que ha denunciado el padre ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada. Y en el caso de que el Constitucional desestime su recurso, la defensa de Juana Rivas podría apelar en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Tenemos argumentos suficientes», aseguró este jueves en rueda de prensa Francisca Granados, convencida de que se han producido «irregularidades» en el caso de Juana Rivas desde el primer momento. A pesar de que la madre percibe una ayuda como víctima de violencia de género y de la existencia de informes psicológicos, médicos y jurídicos que ratifican su versión, Granados sostiene que Rivas no está recibiendo el trato judicial que corresponde a las mujeres maltratadas. Su situación podría variar si se tramitara la segunda denuncia por maltrato contra Francesco Arcuri, ya condenado en 2009. El problema radica en que la denuncia aún no ha sido traducida para que poder enviarla a las autoridades pertinentes del país donde presuntamente ocurrieron los hechos, Italia.

Sin embargo,la Audiencia Provincial de Granada y el Juzgado de Primera Instancia 3 invocan al Convenio de la Haya para justificar el retorno de los menores con el padre, pues los jueces no creen que ello suponga poner en riesgo su integridad, aunque existen al menos dos informes psicológicos periciales de carácter oficial que contravienen dicha postura.