CASO JUANA RIVAS

Juana Rivas, perdida en un laberinto judicial tras negarse a declarar

La madre de Granada, que sigue desaparecida, está en busca y captura para que comparezca ante el juez por el presunto secuestro que denuncia su expareja

GranadaActualizado:

La expectación era máxima ayer a las puertas de los juzgados de Granada. Televisiones, radios y periódicos aguardaban la llegada de Juana Rivas, llamada a declarar por la denuncia que contra ella ha interpuesto su expareja por la huida de la madre con los hijos de ambos. Pero Juana, como ya hizo hace dos semanas al negarse a entregar a los menores, no apareció y acto seguido el juez ordenó su arresto ante la imposibilidad de notificarle la citación judicial, lo que complica aún más su ya delicada situación procesal.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada había citado este martes a los dos progenitores para tomarles declaración por el presunto delito de secuestro de menores en el que podría estar incurriendo Juana Rivas, que permanece en paradero desconocido. Quien sí acudió a la sede judicial fue Francesco Arcuri, ya condenado por maltratar a Rivas en 2009 y contra el que hay pendiente otra denuncia por violencia machista interpuesta en 2016.

El italiano rehusó hacer declaraciones. Ni al llegar ni al marcharse. Se presentó tranquilo, a paso lento, y salió de los juzgados a toda prisa para coger el taxi más próximo. En su nombre habló el abogado Adolfo Alonso, que lamentó la incomparecencia de Rivas y criticó el «desenfoque absoluto» del caso, pues señaló que se trata de un asunto de «custodia» y nunca de «violencia de género». Además, apuntó que había pedido su detención.

Minutos después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la orden de arresto que pesa ya contra la madre y que cuenta con el criterio favorable de la Fiscalía. Hasta ayer, Juana Rivas estaba blindada ante su posible detención, que no se estima en casos que siguen el cauce civil. Sin embargo, el salto a la vía penal ha permitido llegar a este extremo.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen ahora la misión de localizar a Juana Rivas para ponerla a disposición judicial «como siempre que se concurren estas circunstancias», señala el juez en su auto, donde recuerda que ni los menores ni ella pueden abandonar España. Además, fuentes consultadas por este periódico indican que la madre podría ser multada por no haber acudido a la citación judicial, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece penas económicas.

Otro tipo de actuaciones se estimarán «una vez que la investigada sea localizada y puesta a disposición judicial, valorándose lo que tenga que decir». En ese sentido, el juez insiste en que Juana Rivas debe acatar la resolución civilque la obliga a hacer entrega de los niños al padre «inmediatamente y sin excusa»,a falta de que la Audiencia Provincial de Granada se pronuncie sobre el recurso presentado por la madre.

Un litigio enrevesado

Para desgranar el laberinto judicial en el que se ha perdido Juana Rivas es imprescindible tener en cuenta, antes de nada, que todo parte de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Granada. Esta resolución es la que obliga a la madre a entregar a los hijos a la isla italiana de Carloforte, pues es allí donde tienen fijada su residencia habitual. Cosa distinta es la cuestión de la custodia, que aún está por determinar.

La sentencia de Primera Instancia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, así como ante el Tribunal Constitucional, que rechazó dirimir el asunto hasta que no se agoten las vías oportunas. De momento, le corresponde a la Audiencia Provincial de Granada pronunciarse sobre la petición excepcional de nulidad formulada por la madre, que busca la suspensión cautelar de la sentencia civil.

Paralelamente, Juana Rivas tiene abierto otro frente judicial por la vía penal fruto de la denuncia que contra ella ha presentado Francesco Arcuri. El italiano la acusa de varios delitos: secuestro de menores y violencia psicológica contra él mismo y contra sus hijos. Es el Juzgado de Instrucción 2 de Granada el encargado de evaluar si Rivas ha incurrido en alguna ilegalidad por negarse a cumplir con la sentencia civil.

Uno de los principales argumentos de Juana Rivas es que los jueces no han tenido en cuenta que su caso es singular, de violencia de género. Aunque los tribunales le dieron la razón cuando denunció en 2009 a Arcuri por lesiones, su segunda denuncia, presentada en 2016, duerme el sueño de los justos y espera a ser traducida al italiano.

La madre también se escuda en la existencia de dos informes periciales que desestiman la decisión adoptada en la sentencia en base al posible riesgo que supondría para los niños volver a vivir con su padre. Uno de ellos ha sido elaborado por técnicos de la Junta de Andalucía, que en todo momento se ha posicionado del lado de Juana Rivas. Ayer, este periódico intentó sin éxito obtener declaraciones de la administración autonómica, así como de las asesoras jurídicas de Rivas.