OPERACIÓN NAZARÍ

El caso que implica a Torres Hurtado pudo empezar cuando el PSOE gobernaba en Granada

Al exregidor popular se le imputan ocho delitos y estaría en la «cúspide» de la supuesta «organización criminal», aunque las corruptelas se remontarían al año 2000

El exalcalde José Torres Hurtado, compareciendo en el Ayuntamiento de Granada antes de dejar el cargo
El exalcalde José Torres Hurtado, compareciendo en el Ayuntamiento de Granada antes de dejar el cargo - EFE

Se le sitúa en la «cúpside» de una presunta «organización criminal», pero la investigación de la Operación Nazarí sobre corrupción urbanística en Granada, que terminó la pasada primavera con la carrera política del alcalde popular José Torres Hurtado, puede remontarse a fechas anteriores a su mandato. Concretamente al año 2000, según se desprende de los informes policiales incluidos en el sumario judicial de dicho caso, que ayer fueron dados a conocer a las partes personadas en el mismo y al que tuvo acceso ABC.

En aquel año, gobernaba en Granada el socialista José Enrique Moratalla, que fue alcalde desde 1999 hasta 2003. Ya entonces, incluso antes, desde finales de la década de los 80, Manuel Lorente —el hombre de todas las salsas, también imputado en la causa— estaba al frente de las operaciones urbanísticas en Granada. La UDEF apunta directamente a Lorente, alto cargo de Urbanismo, quien habría beneficiado a los empresarios José Julián Romero y Enrique Legeren con la construcción y explotación de cinco párkings públicos, adjudicados de forma irregular con un presupuesto de 12 millones de euros

A pesar de todo, la Policía es contundente en cuanto a la implicación de Torres Hurtado. Al margen de los párkings, el resto de expedientes analizados por la UDEF se ubican en el mandato del PP. El exregidor, durante su declaración ante la juez que instruye el caso, trató en todo momento de echar balones fuera, sin reconocer los hechos que se le imputan. «No lo sé», fue su frase más repetida, según se recoge en el voluminoso sumario, de entre 15.000 y 20.000 folios. En total a Torres Hurtado se le imputan ocho delitos: blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, asociación ilícita, cohecho, prevaricación y falsedad documental. Actualmente hay 18 investigados y 11 empresas bajo sospecha.

Para ello, José Torres Hurtado se habría apoyado en «sus dos más estrechos colaboradores»: la anterior concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y el gerente del área, Manuel Lorente, que en 2009 pasó a ser director técnico de Obras, tal vez para evitar dar cuenta públicamente de sus bienes. De este último, la Policía afirma que habría beneficiado a promotores «consiguiendo el monopolio de la construcción y explotación de aparcamientos públicos en Granada desde el 2000 hasta el 2007»

En el testimonio judicial, Torres Hurtado se escudó en su «absoluto» desconocimiento sobre muchos de los temas por los que fue preguntado: «De Urbanismo conozco poco, y de los expedientes, menos. De cómo tiene que funcionar esa área, qué personas tienen que estar en su equipo… En eso nunca me he metido. Yo siempre les he dicho lo mismo: haced lo que tengáis que hacer, pero que funcione».

«Los concejales eran los absolutos responsables»

«Yo delego las competencias en el concejal o la concejal de turno, ellos son los absolutos responsables. Mi responsabilidad es pedirle responsabilidad», alegó el entonces edil. También se desmarcó de las actuaciones del director técnico de Obras, al que conocía, dijo, por las visitas que el anterior equipo de gobierno realizaba semanalmente a los barrios: «Lorente hace sus cosas y está bajo la tutela de la concejala».

Estas declaraciones se produjeron el pasado 12 de mayo, cuando ya había dimitido Torres Hurtado, después de ser expulsado del Partido Popular por negarse a abandonar el cargo. En ese momento fue nombrado alcalde el socialista Paco Cuenca con los votos indispensables de Ciudadanos, que retiró su apoyo al PP por el escándalo desatado.

Informes a medida

Según apuntó la juez en su entrevista con Torres Hurtado, en Urbanismo se redactaban informes favorables y desfavorables para expedir unos u otros en función de si la empresa potencialmente beneficiada aportaba una contraprestación al Consistorio. «Es absolutamente falso», esgrimió Torres Hurtado. «Nadie está discutiendo que no existan informes técnicos», le contestó la juez, señalando que tenían «una apariencia de legalidad». Además, tal y como refleja la Policía Nacional, la redacción de dichos informes se encargaba a funcionarios afines a la supuesta trama mientras se ejercía presión a los trabajadores que no querían pasar por el aro, como denunciaron Jacobo de la Rosa, Beatriz Sánchez Galiana o Cristina Jiménez. Sobre su relación con empresarios implicados, Torres negó tener importantes vínculos de amistad que pudieran denotar algún trato de favor.

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