APUNTES AL MARGEN

El timo del ascensor en Córdoba

La Junta prometió ayudas para colocar elevadores y ahora no se hace responsable de aquellas subvenciones

Vecinos de un bloque sin ascensor en la avenida Virgen del Mar
Vecinos de un bloque sin ascensor en la avenida Virgen del Mar - RAFAEL CARMONA

Por si sirviese para enmarcar la situación, ahí van los datos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Córdoba hay 37.000 edificios colectivos de vivienda de los que unos 28.000, chispa más o menos, tienen una o dos plantas de altura. Según el sondeo, que ofrece datos de 2011 (entendemos que las cosas no cambian tan rápido en este aspecto), disponen de un ascensor el 17 por ciento de las construcciones residenciales colectivas de tres plantas. Si los pisos son cuatro, se dispone de este elemento constructivo en el 36 por ciento de los casos. En los de cinco plantas, el 58 por ciento pueden subir cómodamente a sus viviendas por medio de este tipo de elementos. Las cifras oficiales aseguran que solamente los que disponen de seis pisos o más de altura tienen mayoritariamente elevador. Pongamos que el problema se puede ceñir a varios miles de construcciones. Más si se tienen en cuenta las cuestiones particulares. Es decir, pisos ocupados por personas mayores o impedidas para las que, independientemente del número de plantas del lugar donde viven, bajar en ascensor a la calle es una cuestión que da la vida. Anoten el dato: solamente el 31 por ciento de todo el parque de bloques de la capital puede considerarse accesible. Tanto por las escaleras como por el resto de elementos de la casa.

La Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara ha hecho pública su indignación en fechas recientes por lo que consideran que es una tomadura de pelo, otra más, de la Junta en la materia. Como es sabido, en los tiempos de la Andalucía Imparable y tal, el Gobierno andaluz decidió abrir convocatorias públicas para fomentar la instalación de elevadores en los edificios andaluces. Aquellos programas echaban una mano a las comunidades de propietarios que no podían permitírselo para financiar una parte relevante de las obras reduciendo la derrama. Se entiende que la cuestión beneficiaba a familias mayores de ingresos moderados.

¿Qué podía salir mal? Efectivamente, la pasta. Año tras año, la Junta sacaba la convocatoria de ayudas pero no la acompañaba del necesario esfuerzo presupuestario. Todas las subvenciones públicas se convocan con el tope de la cantidad disponible. Pero en este caso, existía una particularidad. Las solicitudes se presentaban, los proyectos se encargaban, las licencias se pagaban pero la Junta no soltaba la guita. Si no recuerdo mal, fue Elena Cortés quien dejó de alimentar al monstruo parando la entrada de nuevos expedientes. Ahora hay muchas personas que tienen su subvención en una suerte de limbo administrativo.

Lo que explica Al-Zahara es que, ahora que la Junta tiene «pastuqui» otra vez, en vez de regularizar aquella situación ha vuelto a abrir convocatorias reduciendo las cantidades subvencionables y las condiciones financieras olvidándose de los compromisos previamente adquiridos. Como el beodo que se harta de copas en un bar, decide irse sin pagar y, al día siguiente, pone el contador a cero por su cuenta y riesgo para volver a darle a la priva. Lo suyo, lo lógico, era reconocer primero la situación creada antes de emprender nuevas movidas. La resultante es que a unas 5.000 familias de Córdoba con expediente aprobado les han dicho, ocho años después, que de lo prometido se olviden.

Muchos barrios y ciudades españolas se realizaron por el método del aluvión. Con viviendas que, pasados los años, se han demostrado de baja calidad y que no responden a las necesidades de una población cada vez más envejecida. La salida de las subvenciones no es, en muchas ocasiones, la mejor pero lo que no parece de recibo es no atender los compromisos adquiridos por medio de calendarios razonables de pago.

La organización vecinal ha advertido de que los afectados solamente tienen la alternativa de nombrar abogado y procurador para emprender un procedimiento judicial caro, largo y complejo. El discurso oficial de la apuesta por la rehabilitación y por evitar el despoblamiento de algunos barrios contrasta con estas realidades. La de familias enteras que empiezan a no poder bajar o subir sus escaleras porque tienen una edad a la que falta el resuello. ¿Quieren ayudar contra eso que llaman gentrificación? Por ahí pueden empezar.

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