PARLAMENTO

Susana Díaz responde hoy por las mordidas de Guadalquivir Futuro en Córdoba

Podemos lleva el caso al control del Gobierno andaluz haciendo que la presidenta explique la situación

Díaz, en un mitin. Entre el público, arriba a la izquierda, el imputado Cristian Menacho VALERIO MERINO

RAFAEL RUIZ

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tendrá que responder hoy personalmente del caso de las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro , el asunto destapado en ABC en junio del año 2016 en una serie de informaciones sobre las p rácticas laborales de una organización ligada íntimanente al PSOE en Córdoba que se quedaba con una parte de los salarios de de contratos de inserción laboral financiados por el Gobierno andaluz. La investigación demostró -las mordidas son ya una verdad ratificada por los juzgados- que Guadalquivir Futuro era no solo una organización no gubernamental sino también una parte del «agit prop» del partido en la zona sur de la capital.

Hay muy pocos casos de intervenciones de Susana Díaz sobre la materia. La única y última vez que habló de ello fue en enero de 2017 cuando se le preguntó durante un acto en una asociación de personas con minusvalías en Córdoba. «La Junta hará lo que tenga que hacer, no nos temblará la mano» , afirmó.

Será la portavoz del grupo parlamentario de Podemos , Teresa Rodríguez, quien llevará el asunto al Pleno al hilo de la reciente emisión de un programa de televisión sobre esta materia. Susana Díaz y la líder del partido morado suelen chocar en la Cámara en sus respectivas intervenciones.

Larga tramitación

La investigación que se sigue del caso en el juzgado de instrucción número ocho de Córdoba -con el número de diligencias 2.492/16- acaba de cumplir dieciséis meses de desarrollo desde que entró por registro de entrada de los juzgados la primera denuncia, de dos trabajadores que afirmaban haber tenido que pagar obligatoriamente mordidas si querían trabajar. A esa denuncia se sumó, inmediatamente después, la presentación de Podemos como acusación particular en su primera personación judicial en un caso de esta naturaleza, al menos, en la provincia de Córdoba.

La Junta «solamente» tardó en personarse como posible perjudicada unos quince meses tras un inexplicable error de su maquinaria burocrática.

Todos los imputados han pasado ya ante la juez de instrucción y todos han negado los hechos. Tanto la presidenta de la entidad, Ángeles Muñoz; su hijo, Cristian Menacho; el vicepresidente, José Antonio González, y una de las directivas, Alejandra Pérez (exnúmero dos de Juventudes en la capital), nunca han reconocido los hechos.

El caso dio un vuelco hace apenas unas semanas cuando la sobrina de Ángeles Muñoz realizó una prueba preconstituida en la que declaró que su tía manejaba cuantiosos fondos procedentes de subvenciones y que presumía de «tener cogidos por los cojones» al actual presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán , y a la consejera de Justicia y exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar.

Esa declaración se ha incluido en una pieza separada instada por el representante legal de Podemos. Esa parte, que aún no ha tomado cuerpo en medidas judiciales concretas, tiene otra finalidad: indagar cómo llegaba tanto dinero a una organización no gubernamental con tan poca trayectoria y qué se hizo con los recursos públicos.

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