Fachada de la antigua MGR en un polígono de la capital
Fachada de la antigua MGR en un polígono de la capital - ROLDÁN SERRANO
TRIBUNALES

Los siete acusados de MGR, llamados a sentarse en el banquillo el próximo 13 de febrero en Córdoba

Están acusados de delitos fiscales y se enfrentan a multas millonarias y 30 años de prisión

CÓRDOBAActualizado:

«Eran auténticos profesionales del fraude fiscal que operaban desde distintos puntos de España y Portugal», asegura a ABC un representante del Ministeio Fiscal en Córdoba para referirse a los siete acusados además de una docena de empresas vinculadas a la empresa de informática MGR que se enfrentan a penas de 30 años prisión y multas millonarias e indemnización de 6,7 millones de euros a Hacienda por un presunto delito fiscal cometido durante los ejercicios 2003, 2004 y 2006, en los que dejaron de ingresar en las arcas públicas más de 4 millones de euros.

Después de haberse suspendido el juicio el pasado año, al menos en una ocasión, motivada por las defensas de los acusados, la celebración de la vista está prevista que sea el próximo 13 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, según han informado fuentes judiciales.

Las vicisitudes han sido muchas a la hora de las citaciones judiciales porque algunos de los acusados están en Portugal, la mayoría de ellos son octogenarios, e incluso alguno en concreto padece graves dolencias cardíacas, lo que provocó que ya se suspendiera en otra ocasión, recuerdan fuentes judiciales a ABC.

Según consta en la calificación provisional de los hechos, los acusados, obrando de común acuerdo y en acción conjunta, actuaron «con la finalidad de eludir sus obligaciones fiscales aprovechando la normativa comunitaria sobre IVA en virtud de la cual las entregas intracomunitarias están exentas de este impuesto». Con ello, y siendo las adquisiciones extracomunitarias las que tributan como hecho imponible en el país de destino, «simulaban ventas internacionales por parte de MGR para obtener beneficios fiscales».

«Modus operandi»

Así, los acusados R.F, J.C. y J.C.C., según consta en la calificación de la Fiscalía, constituyeron y aprovecharon la existencia de distintas mercantiles radicadas entre España y Portugal. Los acusados y socios de MGR, y de la que los acusados entre los años 2003 y 2007 eran miembros del consejo de administración y verdaderos gestores de la mercantil realizaron los siguientes hechos. «En el año 2003, los tres acusados contactaron con el también acusado C.A., con quien habían constituido y gestionaba diversas mercantiles tanto en Portugal como en España, alguna de ellas a nombre de testaferros, con domicilio en Jaén», dice el escrito judicial, que añade que «estas mercantiles, según la Fiscalía, eran gestionadas por C.A., aunque al frente de las mismas había un administrador que era testaferro y que recibía entre 2.000 y 3.000 euros por ser tapadera del mismo, pleno conocedor de las actuaciones».

En este año 2003, MGR mercantil realizó operaciones solicitando la devolución de 1,9 millones de euros de IVA, habiéndosele devuelto en torno a 1,7 millones. Continúa la calificación con que «MGR declaró efectuar entregas intracomunitarias a Portugal a las citadas empresas por valor de 12,9 millones de euros exentos de IVA;otra transacción de venta de 9,2 millones a otra empresa de Portugal y otras que suman 1,5 millones de euros a otras dos compañías portuguesas». Se trata de unas ventas que según Fiscalía no eran reales. Posteriormente, ese mismo material supuestamente vendido salía de MGR y volvía a la misma mercantil. La Fiscalía sostiene que las ventas de la compañía no eran reales. En los años posteriores, de 2004 a 2006, los tres acusados socios de MGR, realizaron las mismas actuaciones indicadas, con el consorcio con los otros dos también acusados, pero complicando aún más la trama al concertase asimismo con otros acusados.

Por tanto, por los delitos fiscales de 2003, 2004 y 2006 el fiscal pide para R.F. un total de seis años de prisión; al igual que para J.C. y J.C.C. Mientras, para C.A. y S.V., por los delitos fiscales de los años 2003 y 2004, un total de cuatro años de prisión. Para A.O. y B.G. solicita dos años para cada uno por el delito fiscal del año 2006.

Un empresario gallego ya condenado

Hay que recordar que B.G.C., empresario gallego de A Estrada, ya fue condenado en 2013 a dos años y medio de prisión y al pago de multas e indemnizaciones por valor de 1.141.752 euros como autor de un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro contra la hacienda pública.

El fallo, emitido por el juzgado de lo Penal 1 de Ponteveda, también conllevaba la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas así como incentivos fiscales o de la seguridad social por un período de cuatro años y seis meses.