TRIBUNALES
Septiembre será crucial para el futuro de Rafael Gómez «Sandokán»
El Juzgado dictará la ejecución de la sentencia a Gómez y dispondrá de 15 días para ingresar en prisión
El empresario Rafael Gómez «Sandokán» encara un mes de septiembre crucial para su futuro. A partir del día 10, está previsto que el juez dicte la resolución por la que ordena la ejecución de la sentencia a la que ha sido condenado: cinco años y tres meses de prisión y el pago de una multa de casi 112 millones de euros por fraude fiscal. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ratificó la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba el pasado mes de julio en la que condenaba al empresario por dos delitos contra la Hacienda Pública. En este punto, con sentencia firme, y una vez desestimados todos los recursos de apelación, el juez prepara el auto por el que ordenará la ejecución de la sentencia, es decir, el ingreso en prisión del ex líder de UCOR y presidente de Arenal 2000.
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Desde el Juzgado se le requerirá la multa -casi 112 millones de euros- y la responsabilidad civil a la que ha sido condenado, y se le otorga un plazo de unos 15 días para hacer uso del «ingreso voluntario en prisión », según indicaron a ABC fuentes judiciales. Ahora, la defensa de Gómez tratará de eludir la prisión mediante la presentación de recursos contra el auto de ingreso en prisión del Juzgado, algo que previsiblemente tumbará la Audiencia. El siguiente paso sería solicitar el indulto ante el Gobierno de la Nación, sobre el que decide finalmente el juez.
El indulto, difícil
Sin embargo, según señalan fuentes jurídicas, el caso de que el juez decida suspender la condena hasta que se resuelva la concesión o no del indulto sólo sería conveniente si la condena fuera inferior al tiempo que tarda el Gobierno en resolverlo. Es decir, si se tratase de una condena de un año de prisión y el reo comienza a cumplirlo sin que haya resuelto el Gobierno, no tendría sentido porque en caso de concedérselo ya habría cumplido la pena en su totalidad. Sin embargo, Gómez está condenado a más de cinco años. Por lo tanto, podría ir a prisión y una vez allí esperar a que se resuelva el indulto por parte del Gobierno. Un indulto que, según recoge la ley para penas superiores a los dos años de cárcel, es difícil que se le conceda dadas las circunstancias.
El que fuera presidente de Arenal 2000 también está condenado a abonar una sanción económica que roza los 112 millones de euros como autor de dos delitos realizados en 2006 contra la Hacienda Pública , a la que dejó de pagar casi 29 millones de euros. También deberá afrontar una indemnización al fisco de igual cuantía a la defraudada. Sin que ponga sobre la mesa esos más de 28 millones de euros de responsabilidad civil -o la inteción o aval que asegure que pondría ese dinero en los próximos días- difícilmente podría optar a un indulto.
La defensa del empresario cordobés ya adelantó a este periódico hace unas semanas que estaba estudiando recursos para proceder contra un fallo judicial que califica de «injusto», basado en consideraciones «que no se admiten como ciertas». El exconcejal de Unión Cordobesa (UCOR) pretende agotar todas las vías posibles antes de entrar en la cárcel. Entre tanto, el empresario de Arenal 2000 se encuentra en régimen de libertad provisional, sin pasaporte y obligado a personarse en el juzgado cada quince días con una sentencia que ya es firme y está pendiente de ejecución.
