FRAUDE EN LAS AYUDAS A LA INSERCIÓN LABORAL

Salvados por la causa política de los cursos de formación

Los altos cargos de la Junta Antonio Fernández, María José Lara y Manuel Gavilán, en la pieza que la juez va a archivar

María José Lara con el rostro cubierto a su entrada en el juzgado en 2015
María José Lara con el rostro cubierto a su entrada en el juzgado en 2015 - ARCHIVO

EL previsible archivo de la pieza «política» de la causa de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía tendrá tres beneficiarios principales en Córdoba. Se trata del exdelegado de Empleo en la provincia Antonio Fernández; la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, la lucentina María José Lara; y el jefe del servicio de Formación en Córdoba entre los años 2002 y 2012, Manuel Gavilán. La Fiscalía ha pedido a la magistrada que emita un auto para archivar la pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, ya que no se aprecia delito pues en los hechos únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.

La probable decisión de la jueza se sustenta en gran parte en las comparecencias como testigos de los interventores de la Junta de Andalucía, que han coincidido en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado. El resto de las piezas siguen adelante y en una de ellas se encuentra imputada María José Lara, en concreto la que se refiere al proceso de formación de los trabajadores de la factoría de Delphi.

Prejubilaciones falsas

La misión de las causas en proceso es delimitar las responsabilidades judiciales de un entramado en el que los directores y delegados del organismo público de todas las provincias andaluzas certificaban con pasmosa normalidad gastos realizados por empresas beneficiarias que no guardaban relación con los cursos. Las innumerables irregularidades detectadas por la Unidad Central Operativa (UCO) constatan que la partida presupuestaria 32D se convirtió en un coladero, cuya cuantía triplica la dotación del fondo con que se pagaron las prejubilaciones falsas (855 millones).

Con las ayudas repartidas entre distintas entidades para formar a parados andaluces, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, se abonaron facturas de lo más peregrino. En esa lluvia de millones de la época de vacas gordas se cargaron a actividades formativas seguros que cubrían costes de sepelios y hasta la repatriación de cuerpos por fallecimiento en el extranjero, el suministro de talleres y restaurantes y se usaron sus alumnos como mano de obra gratuita para atender un chiringuito o asar sardinas.

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