La consejera de Agricultura recuerda que la finca de Somonte está «ocupada ilegalmente» desde 2012

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha reclamado hoy «legalidad y cumplimiento de los acuerdos» ante la nueva ocupación por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca Somonte, en Palma del Río, propiedad de la Junta de Andalucía.

«Tengo información de que han vuelto a ocupar la finca», ha manifestado Ortiz a los periodistas en Almería, y ha reiterado que Somonte ha sido objeto de «una ocupación ilegal» desde 2012 por parte de los trabajadores del SAT, que fueron desalojados el pasado jueves por la Guardia Civil gracias a una orden judicial.

Sin embargo, el SAT aseguró ayer que había vuelto a ocupar la finca, en respuesta al intento de la Junta de «malvender» la explotación agraria.

La consejera ha insistido hoy en que la Junta defiende siempre la legalidad y el cumplimiento de los acuerdos. Asimismo, Ortiz ha señalado que las fincas de la Consejería están gestionadas a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) y que «la mayoría de ellas» están en producción y posibilitan más de 20.000 jornales al año.

Al ser interpelada por el proyecto de un Banco Público de Tierras planteado en su día por el Gobierno andaluz, ha afirmado que «pertenece a otro momento político» en el que había una coalición con IU, por lo que «esa posición, ahora mismo, no está sobre la mesa», si bien ha reconocido que «en su momento» se retomará la forma de gestión de estas fincas públicas.

Así ha valorado la consejera que el SAT volviera a tomar el domingo esta finca palmeña, propiedad del Ejecutivo autonómico, de la que fueron desalojados el pasado viernes por orden judicial y a instancias de la Administración. El responsable de la central sindical y cabeza de lista de Podemos por Jaén, Diego Cañamero, lideró la nueva ocupación.

Cañamero explicó que todo se ha realizado pacíficamente y que se debe a que los agricultores han efectuado una fuerte inversión en la finca, de más de 400 hectáreas, que ahora tienen que recuperar. Por ejemplo, está sin recoger la cosecha de girasol, muy avanzada.

Agentes de la Guardia Civil estuvieron en Somonte aunque no fue necesaria su intervención. «Pedimos tierra y libertad», aseguró Cañamero que estuvo acompañado de algunos cargos locales de su organización política.

El SAT declaró que está dispuesto a trasladar la acampada por la excarcelación de Andrés Bódalo, en prisión por agredir a un concejal socialista, a la finca ocupada que la Junta quiso subastar por unos cuatro millones.