Recurren al TSJA la sentencia de las facturas falsas de Baena por «dilación indebida»

El caso de las facturas falsas de Baena no ha concluido. La acusación popular ha recurrido ante la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la sentencia que condenó a seis meses de prisión -no se cumple la pena si no se llega a los dos años cuando no existen antecedentes- a dos funcionarios municipales del Consistorio de la localidad y al empresario con el que concertaron un sistema para embolsarse dinero público.

La sentencia fue objeto de un acuerdo entre la Fiscalía y los acusados, que reconocieron los hechos a costa de que el Ministerio Público redujese sustancialmente el periodo de condena. El tribunal admitió el acuerdo y la vista oral ni siquiera llegó a celebrarse como estaba prevista, con jurado popular.

El recurso se fundamenta en una aplicación indebida de los beneficios que supone una dilación indebida del procedimiento. El tribunal entendió que el secretario particular del exalcalde Luis Moreno, Rafael Santano; un segundo funcionario, Juan Díaz, y el empresario Antonio Jesús Gómez fueron objeto de una tardanza excesiva. La filosofía del recurso es que esta no se produjo por una cuestión relacionada con la administración judicial sino con la estrategia creada por los acusados para eludir el banquillo.

Los hechos se refieren al periodo comprendido entre 2005 y 2007. Tres años y medio después, el procedimiento estaba listo para juzgarse. Los acusados promovieron recursos, incidentes y peticiones de pruebas que dilataron la causa tres años y medio más «por causas no imputables al órgano judicial».

El acuerdo entre defensas y Fiscalía argumentaba las penas simbólicas en lo que tuvieron que esperar los encausados para ser juzgados. El recurso también intenta combatir que se les tratara mejor por haber confesado los hechos «porque únicamente obedece a un intento de evitar lo que se les veía encima». Por último, entiende que no se ha aplicado como debería el hecho de que se aprovecharon del cargo público para lucrarse. Tampoco se explica que puedan seguir trabajando en el Ayuntamiento.

Los hechos consisten en la emisión de facturas falsas por parte del empresario con un valor de unos 30.000 euros. El industrial se quedaba con la parte correspondiente al IVA mientras el principal se quedaba en manos de los dos funcionarios. El caso le costó el cargo a Luis Moreno, hasta entonces uno de los políticos más poderosos del PSOE en Córdoba.