Rafael Gómez, durante una entrevista con ABC
Rafael Gómez, durante una entrevista con ABC - ARCHIVO
TRIBUNALES

Recaban firmas para evitar que Rafael Gómez entre en prisión

Reclaman un indulto parcial o que se suspenda la condena hasta que hable el Constitucional

CÓRDOBAActualizado:

Comercios, empresas y personas a título particular han iniciado una recogida de firmas en Córdoba con el objetivo de presionar al Gobierno para que el empresario Rafael Gómez Sánchez, condenado a cinco años de prisión por fraude fiscal, no entre en la cárcel la próxima semana, tal y como está previsto. La campaña forma parte de la movilización realizada desde la familia y amigos de Rafael Gómez con el objetivo de que el Ejecutivo estudie una medida de gracia, que se fundamental «en motivos humanitarios», o que la Justicia paralice el expediente de ingreso en prisión del propietario de empresas como Arenal 2000.

Las posibilidades de que Gómez no entre en el centro penitenciario a cumplir condena son verdaderamente pequeñas. En estos momentos, la suma de las dos condenas de dos años y medio de prisión cada una obligan al Poder Judicial a computarlas de forma agregada. El planteamiento legal de la familia del empresario, que se declara inocente, es que existe la posibilidad de que el Constitucional entienda que se ha producido un supuesto de dilaciones indebidas del procedimiento, ya que se han juzgado hechos correspondientes al año fiscal de 2006 y siguientes.

Recurso

Como publicó ayer este periódico, desde el Constitucional se informa que no es habitual que se paralicen condenas cuando son muy superiores al tiempo que el Tribunal puede tardar en fallar el recurso de amparo, lo que puede tardar en torno a un año. El planteamiento legal de su defensa es que una disminución de las condenas por el retraso acumulado podría llevar a que no pudiesen sumarse. La Audiencia Provincial ya explicó en el recurso que los cinco años de la condena son el mínimo común denominador de este tipo de delitos fiscales en los que las cifras son tan enormes. Si se suma la multa y la responsabilidad civil subsidiaria, lo que tiene que pagar Gómez a la Agencia Tributaria vienen a ser unos 111 millones de euros. En caso de no hacerlo, la condena podría incrementarse de tres a seis años. En España, no existe limitación de edad para el ingreso en prisión.

Las recogida de firmas solo es una parte de la estrategia de la familia Gómez para hacer entender a los jueces y al Consistitucional que están equivocados. En concreto, por medio de cadenas de Whatsapp se está pidiendo a los amigos del empresario, a todos aquellos que haya ayudado alguna vez, que escriban los hechos, los autentifiquen con su DNI y los lleven a las naves de Colecor donde serán recogidos. Existe una cuenta de correo electrónico del grupo de empresas donde se pueden remitir estos documentos e incluso se da la oportunidad de recogerlos a domicilio cuando no es posible llevarlos a las instalaciones de la empresa o no se dispone de correo electrónico.