PLAZOS

Rafael Gómez ingresará en la cárcel pese a su recurso ante el Constitucional

Es muy improbable que se deje en suspenso la pena a pesar de la alegación de la defensa

Rafael Gómez saliendo de los juzgados VALERIO MERINO

P. G-B.

El recurso que va a presentar la defensa del empresario Rafael Gómez ante el Tribunal Constitucional (TC) no frena la cuenta atrás para su ingreso en prisión , según han confirmado fuentes judiciales a ABC. Después de que el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba le notificara personalmente a Rafael Gómez, conocido como « Sandokán » el pasado día 6 el auto del juez por el que le concedía un plazo de 20 días para el ingreso voluntario en prisión, la defensa del empresario anunció el viernes que presentaría un recurso contra este auto que pretende «que se quede sin efecto la ejecución de la pena». Además, la defensa de Gómez añadía que presentaría en los próximos días el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Ninguno de los dos impendiría su entrada en prisión.

Por su parte, fuentes del Alto Tribunal consultadas por ABC han asegurado que el TC tardará « entre uno y dos meses en admitir a trámite el recurso de amparo». En ese mismo recurso la defensa podría haber solicitado la suspensión de la orden de ingreso en prisión hasta que se resuelva. Sin embargo, este extremo es « muy raro que se conceda», aseguraron fuentes del TC, sobre todo, en penas que superan los 4 o 5 años , como es el caso de Gómez.

Vulneración de derechos

«Tendría sentido que el TC otorgase la suspensión del ingreso en prisión hasta que se resuelva si la resolución final del TC tardara más del tiempo que iba a pasar en prisión el encartado, pero actualmente, el TC está muy al día, y prácticamente en un año resuelve los recursos de amparo», aseguran estas mismas fuentes a ABC. Hay que recordar que el recurso de amparo ante el TC se presenta porque la defensa del empresario alega que se han vulnerado los derechos fundamentales del enjuiciado.

De momento, Rafael Gómez Sánchez no ha hecho mención al pago de la multa de casi 112 millones a la que tiene que hacer frente junto a la responsabilidad civil que se le requirió por parte del Juzgado cuando fue notificado el auto de ejecución de la sentencia tras ser condenado por fraude fiscal.

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