Rabanales 21 exigirá indemnizaciones al Ayuntamiento de Córdoba si llega a fracasar el centro comercial

Rabanales 21 exigirá al Ayuntamiento de Córdoba responsabilidades patrimoniales (indemnizaciones) si los retrasos en la innovación del Plan General de Ordenación Urbana hacen encallar el centro comercial Rabanales Plaza. La sociedad mercantil, que se ha acogido a un preconcurso voluntario de acreedores para parar el reloj, registró un documento ante el Consistorio contra el informe de la Junta de Andalucía que tiene en vilo tanto a los accionistas del tecnoparque como a los responsables municipales y autonómicos.

La clave del informe es que, en el caso concreto de que haya que dar marcha atrás a todo el procedimiento administrativo, eso no se habrá producido por culpa de la sociedad del tecnoparque, participada por el Ayuntamiento de Córdoba. En este caso, se asegura haber seguido a pies juntillas todos los pasos que han ido marcando los servicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El preconcurso de acreedores ha saltado en el parque tecnológico para dar cuatro meses de margen con los que intentar negociar un plan de acción. El problema radica en que la venta de suelo de Rabanales Plaza, que lleva desde 2014 en gestión, se consideraba como un activo estratégico al suponer una entrada de dinero en las arcas de la entidad. La Junta de Andalucía se ha comprometido a contestar esta semana a la consulta elevada por la Gerencia de Urbanismo para saber qué se ha de hacer. La peor de las opciones sería la consideración de la innovación como estructural (y no pormenorizada) así como la obligatoriedad de aportar un informe de impacto ambiental de carácter previo al inicio de la innovación. Ello llevaría años de trabajo tras un parón de casi año y medio por la oposición abierta del equipo de gobierno actual.

Rabanales 21 entiende que ponerse en lo peor, llevando a la nulidad de las actuaciones desarrolladas hasta el momento, implicaría aplicar «motivos infundados e ilícitos» que es como se describe el argumentario los elementos aportados por la Junta, que considera que se deben alterar los usos escritos del Plan General y alerta de que falta el documento ambiental. Entiende Rabanales 21 que llevar el procedimiento a su inicio implicaría reconocer que la Gerencia de Urbanismo se ha venido equivocando de manera sistemática durante muchos meses en las distintas aprobaciones efectuadas conforme a Derecho. El planteamiento es sencillo: el órgano de administración de Rabanales 21 valorará las consecuencias económicas de unas dilaciones injustificadas en la tramitación de una innovación sencilla en lo técnico pero muy compleja por diversos factores políticos.

La documentación presentada por el tecnoparque es, fundamentalmente, técnica y jurídica. Y considera que los argumentos presentados por la Junta de Andalucía no pueden conducir a la nulidad de las actuaciones porque no se atienen a Derecho. En concreto, Rabanales 21 defiende los pasos dados hasta el momento en el sentido de que se ha realizado una innovación del PGOU calificando de «absurdo» el reinicio de las actuaciones. En concreto, asegura que se estaría vulnernando la obligación legal de los órganos administrativos de conservar aquellos actos y trámites «cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción». Además, defiende que se aborde un cambio del PGOU pormenorizado (el que solo afecta a la parcela) para que pueda recibir la calificación de gran superficie minorista. Entiende Rabanales 21 que el cambio propuesto modifica automáticamente lo establecido en el Plan General de forma que cualquier error cometido es «perfectamente subsanable». La clave es que la Delegación de Ordenación del Territorio «aconseja» que se cambie de forma expresa un artículo del planeamiento de la ciudad para permitir el uso comercial en el tecnoparque.

En cuanto a la necesidad expresada por la Junta de someter el proyecto a un informe de evaluación ambiental, las alegaciones presentadas por Rabanales 21 explican que el expediente de innovación tuvo fecha de entrada el siete de noviembre de 2014. Entiende el tecnoparque que es de aplicación la norma estatal que en ese momento estaba vigente. El informe de la Junta propone que se le aplique un decreto posterior, de marzo de 2015. La conclusión de la sociedad mercantil es que no se le puede «exigir a estas alturas un informe de impacto mediambiental por aplicación de normas con carácter retroactivo.

Ayer, la situación del parque tecnológico se debatió en el consejo rector de Urbanismo, que no ha recibido aún respuesta escrita de la Junta. El equipo del edil Pedro García solamente contempla que se le exija una subsanación pormenorizada, es decir, la vía más corta para desarrollar todos los cambios. El gerente de Urbanismo, Emilio García, es funcionario de la Junta y conoce bien las entretelas de la institución. La gran duda es si Medio Ambiente seguirá exigiendo este paso, que obligaría a empezarlo todo desde el principio. Ayer, los dos grupos municipales con más concejales, PP y PSOE, estuvieron de acuerdo en que el escenario que se plantearía en esas condiciones no reúne unas mínimas garantías de legalidad. Los populares exigieron que se sostengan los criterios expresados por los servicios técnicos municipales.