Protesta de los bomberos de la Diputación de Córdoba
Protesta de los bomberos de la Diputación de Córdoba - VALERIO MERINO
INSTRUCCIÓN JUDICIAL

El PSOE se defiende dejando expuesto al tribunal de las oposiciones a bomberos de la Diputación de Córdoba

Busca liberar a la vicepresidenta y al gerente del consorcio y señala a los calificadores

córdobaActualizado:

La defensa emprendida por el PSOE y UGT en el supuesto caso de amaño de las oposiciones a bombero del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba se basa en dos argumentos fundamentales. El primero es que los hechos son falsos, cosa que tendrá que dilucidar la instrucción judicial una vez atendidas las pruebas y los testimonios. El segundo es que ninguno de los altos cargos de designación política -la vicepresidenta Dolores Amo y el gerente Juan Carandell- ni el representante sindical de UGT, el único portavoz de los trabajadores que está imputado en el auto del magistrado, formaban parte del tribunal calificador que llevó el examen. El mensaje es claro: si hubo algún problema, los responsables más sensibles de la institución provincial no tenían por qué conocer el contenido concreto de los exámenes y siempre pueden desmentir que manejaron el material comprometido. Una negación plausible.

Esa circunstacia señala específicamente a los miembros del tribunal de las oposiciones que controlaron el proceso. Por una razón. Estos sí fueron los profesionales que llevaron a cabo tanto la redacción y selección de las preguntas. Además, eran los responsables directos de la custodia del material hasta tanto se pusiese en manos de los opositores en los actos públicos oficialmente convocados. El tribunal calificador estaba formado por un presidente, un secretario y cuatro vocales. El máximo responsable y quien levanta acta de las decisiones disponían de dos suplentes cada uno en los que podían delegar la participación.

Filtración

Todos ellos son funcionarios del Consorcio o de distintos departamentos de la Diputación salvo un vocal y suplente que son una alta funcionaria de la Junta y un responsable del Ayuntamiento de Córdoba. El juzgado ha ordenado la imputación de la totalidad del tribunal calificador de forma que puedan acudir a la instrucción con plenas garantías. Funcionarios con experiencia en la materia afirman que hay muchos métodos para mantener en secreto estas cuestiones.

Uno de ellos preparar cientos de preguntas y elegir las que entran en el examen a última hora, con el margen justo para la impresión de los exámenes. El relato que realiza la instrucción hasta el momento es el de una presunta filtración interesada ordenada desde el gobierno del Consorcio usando para ello al mayor alto cargo técnico de la entidad que era quien presidía el tribunal calificador. La operativa de dar a conocer los exámenes se habría montado, siempre según el auto, con el sindicato como enlace con los interinos, que iban a ser, presuntamente, los beneficiarios.