BIENESTAR SOCIAL

El PP reprocha la falta de moralidad en la ayuda de Diputación a Guadalquivir Futuro

Lorite destaca el «rosario» de hechos sospechosos en la conesión de 40.000 euros a esa organización «satélite» del PSOE

Sede de la Fundación Guadlalquivir Futuro
Sede de la Fundación Guadlalquivir Futuro - Archivo

Demasiadas casualidades seguidas, a modo de rosario, dan mucho en qué pensar. Y la subvención de la Diputación Provincial a una de las asociaciones cordobesas recientemente sancionadas por la Junta , concretamente la Fundación Guadalquivir Futuro, es uno de esos llamativos casos, tal y como apuntó ayer este periódico.

El portavoz del PP en la institución provincial, Andrés Lorite, consideró ayer que el hecho de que la institución provincial iniciara el expediente de ayuda a la Fundación antes de que ésta los solicitara formalmente «no es ilegal, pero sí moralmente reprochable».

Sobre todo cuando hay otras asociaciones que sí hicieron por escrito en tiempo y forma la solicitud. «Estamos ante un caso de claro de discriminación negativa, especialmente con asociaciones cercanas a la Iglesia Católica, frente a asociaciones satélites del PSOE, como es esa asociación que se ha llevado el máximo subvencionable sin haberlo solicitado por escrito de 40.000 euros».

Plan de Concertación

A esa curiosidad se le añaden otras como es la celeridad con que en esta ocasión se concedieron y se pagaron. Normalmente, la tramitación administrativo para subvenciones y entrega de dinero en general es bastante tediosa. Así, por ejemplo, «en el Plan de Concertación y Empleo de la Diputación, que es básico y fundamental para los ayuntamientos, han tenido que esperar desde enero hasta septiembre para recibir el dinero». Sin embargo, en este caso si la solicitud se entregaba a mediados de mayo, pocos días después las órdenes estaban firmadas y pagadas.

«Nosotros solicitamos formar parte, como principal partido de la oposición, de la comisión de seguimiento que se está reuniendo para estudiar este caso», explicó. Una comisión en la que están saliendo informes e información y de la que forman parte, precisamente, «los que están bajo sospecha», es decir, la diputada de Bienestar Social, Felisa Cañete, la institución sancionada y un técnico de la institución. A eso se le añade el caso curioso de que dentro del área de Bienestar Social hay partidas ejecutadas al cien por cien, como es el caso de estas ayudas, «mientras que las correspondientes al Instituto Provincial de Bienestar Social, está en torno al 50%».

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