Viandantes delante del Palacio de Congresos
Viandantes delante del Palacio de Congresos - ARCHIVO
INFRAESTRUCTURAS

El Palacio de Congresos de Córdoba se gestionará a través de un servicio público por concesión

La Junta de Andalucía define el Plan de Usos de la infraestructura, con las obras aún en marcha

CÓRDOBAActualizado:

El Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que es propiedad de la Junta de Andalucía, se gestionará a través de un contrato de servicio público mediante concesión administrativa, según acuerdo alcanzado en la reunión que ha mantenido el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona con representantes del Ayuntamiento de Córdoba y de los agentes sociales. En concreto, han asistido además del delegado, el jefe de Servicio de Comercio, Crescencio Peñas; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CESO), Antonio Díaz; el de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa; el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares; la secretaria provincial de CC.OO., Marina Borrego; la secretaria general de la Delegación de Turismo, Auxiliadora Fernández; y la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Mar Téllez.

Todos los participantes en el encuentro han acordado continuar avanzando en futuras reuniones en la definición de los elementos que comprenderán el objeto del Plan de Usos. Este Plan deberá definir el objeto de la gestión pública de celebración de congresos, actividades culturales, exposiciones y demás eventos dirigidos a la promoción turística y económica de Córdoba.

La primera fase

La primera fase de las obras que se han reanudado en el inmueble de la calle Torrijos conllevará una inversión de 2,8 millones de euros. Su objetivo principal será concluir la ampliación del salón de actos y reabrir «en un año» el histórico inmueble, situado junto a la Mezquita-Catedral, para recuperar así su actividad congresual en la primavera de 2018.

La lentitud de la Junta en reactivar las obras de ampliación del Palacio de Congresos provocó una insólita respuesta de los agentes socioeconómicos. CECO, Cámara de Comercio, UGT y CC.OO. unieron fuerzas en el arranque de 2017 para exigirle a la Administración regional que retomara los trabajos. El Ejecutivo regional se limitó a excusarse indicando que había necesitado año y medio para romper, con total garantía, los contratos que le unían a la adjudicataria de la ejecución de la ampliación.

La secretaria general de CC.OO. de Córdoba, Marina Borrego, por su parte, ha vuelto a defender la viabilidad de una gestión pública del Palacio de Congresos, «si bien el resto de administraciones y agentes sociales y económicos han optado por una gestión privada del mismo».