Tribunales

El nuevo juez de Peñarroya reactiva un poco el «caso Rocket»

Alude a una gestión presuntamente irregular de las cantidades millonarias públicas percibidas por el Ayuntamiento

Agentes de la Guardia Civil acumulan documentación para el caso
Agentes de la Guardia Civil acumulan documentación para el caso - Archivo

La «operación Rocket» no parece hacer honor a su nombre, «cohete», ya que hasta hace unos meses ha estado prácticamente parada y ha sido inaccesible a las partes en el que se ha convertido en el caso de corrupción política más importante de Córdoba. Quien está personado en la causa han tenido acceso en las últimas semanas a alguna documentación del caso, que ya se encuentra digitalizado al 75% y enfila para la primera semana de diciembre la toma de declaraciones por parte del nuevo juez encargado del caso.

La jueza responsable, Rocío Damas Molina, ha sido destinada a La Carolina, según recoge el BOE, publicado el pasado 14 de septiembre, por lo que el nuevo magistrado apenas lleva un mes «haciéndose» con el sumario. El refuerzo de un tramitador en el juzgado, después de la petición de la jueza y los sindicatos, supuso un impulso. Aún quedan miles de folios por digitalizar, según fuentes del TSJA.

En el caso, la regidora María Luisa Ruiz resultó imputada (ahora, la figura legal es la de investigada) junto a otras 19 personas en una trama plasmada en cientos de tomos sobre la gestión de los fondos Miner.

Documentación sin escanear

Sin escanear toda la documentación, no se puede ordenar la apertura de juicio oral ni por lo tanto que cada parte aporte su calificación de los hechos. De todas formas, el caso permanece a día de hoy abierto, lo que podría implicar cambios en un futuro, a expensas de que se celebre un juicio.

El juzgado de instrucción número 2 de Peñarroya que investiga el caso ha cambiado varias veces de titular y sus responsables pidieron ayuda a la Junta para que mandara personal de refuerzo ante la considerable relevancia, y volumen, del sumario hasta en cinco ocasiones. Fue el pasado mes de junio cuando el consejero de Justicia De Llera decidió enviar un tramitador a la causa. Eso sí, sólo para tres meses plazo prorrogado hasta septiembre, y recientemente, con tres meses más, hasta diciembre, fecha en la que se prevé que el caso esté totalmente digitalizado. En palabras de fuentes del propio TSJA, «la labor está siendo sumamente laboriosa y complicada, dado que algunos documentos son difíciles de escanear y de dar traslado a las distintas partes personadas en el caso».

A lo que sí ha tenido acceso ABC es a que el nuevo juez ya ha puesto fecha para comenzar la toma de declaraciones para completar la instrucción del caso a partir del 5 de diciembre. De esta forma, el caso que parecía enconarse después de que la Administración de Justicia andaluza tardase casi tres años en atender esas peticiones del refuerzo pese al gran volumen de información. La Guardia Civil detectó una gestión presuntamente irregular de las cantidades millonarias públicas percibidas por el Ayuntamiento de Peñarroya (12,5 millones) para disponer de alternativas a la minería entre 2007 y 2011, en los que estaba de alcaldesa la regidora Luisa Ruiz, que entonces era una alta responsable del PSOE.

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