«No podemos hacer lo que queramos en Rabanales 21», asegura la Junta

La Junta de Andalucía tiene consigna interna de no dejar caer ningún parque tecnológico, dada la maltrecha situación de todos, y también la que atraviesan en el conjunto del país. Un claro ejemplo de ello ha sido la asunción de los activos y pasivos del parque tecnológico de Huelva, en precarias condiciones. En el contexto nacional, por su parte, hay una idea hecha y difundida de que con los Presupuestos Generales del Estado podría llegar un acuerdo global acerca de la deuda de las tecnópolis, que acumulan 300 millones de euros. Gran parte en manos de los parques catalanes. Este podría ser un acicate para negociar con la Agencia Tributaia o el Ministerio de Economía. Pero los tiempos políticos en los que se juega ese partido impiden hacer muchas más cábalas en la tabla de urgencias que presenta Rabanales 21.

El consejero de Empleo, José Sánchez, evidenció ayer en su comparecencia parlamentaria la voluntad de la Junta de que el problema se solucione. Lo señaló varias veces. «Esperamos que se presente un escenario de viabilidad en los próximos días. Tenemos constancia de que se está trabajando en ello», recalcó.

Antonio Sánchez

El hombre del Gobierno andaluz en el caso del clúster de innovación de Córdoba es Antonio Sánchez, vicepresidente con funciones ejecutivas de Rabanales 21. Mando en plazo desde su representanción por parte de la Agencia IDEA (juez y parte, o deudor y acreedor). El rol de la Universidad, de momento, parece menos pronunciado, si bien el actual presidente del parque —sin funciones ejecutivas— proviene de la institución académica: Manuel Pineda (presidente de la corproación Empresarial de la UCO).

Ahora bien, a esta declaración de buenas intenciones del consejero de Empleo le siguieron dos avisos importantes que los rectores del parque tecnológico cordobés no deben haber pasado por alto. «Nosotros, no podemos hacer aquello que queramos. Las soluciones deben respetar las reglas de juego en el uso de las ayudas públicas, en el derecho administrativo o la Unión Europea», significó a preguntas del diputado podemita David Moscoso, quien le insistió en la opción de capitalizar la deuda de los préstamos participativos.