AYUDAS PÚBLICAS

Las mordidas de Guadalquivir Futuro acabarán en los tribunales

Los propios afectados ultiman iniciativas judiciales por lo social y lo penal

Un hombre pasa ante la sede de la fundación Guadalquivir Futuro
Un hombre pasa ante la sede de la fundación Guadalquivir Futuro - Archivo

Las mordidas a contratos para desempleados financiados por la Junta de Andalucía acabarán finalmente ante los tribunales de justicia. Prácticamente agotada la vía administrativa se están preparando dos iniciativas independientes para que sean los juzgados quienes determinen si hubo prácticas irregulares o ilegales que merezcan una sanción punitiva de los hechos protagonizados, según la investigación realizada en su día por ABC, por un grupo de entidades afines a la dirección provincial del PSOE en Córdoba.

La medida llegará a manos de los jueces como consecuencia de las actuaciones que emprenderán los afectados: las personas que tuvieron que pagar una cantidad mensual para poder trabajar en el plan Emple@ en las tres organizaciones no gubernamentales investigadas (fundación Guadalquivir Futuro, asociación Jóvenes hacia el Futuro y asociación de vecinos Nuevo Guadalquivir).

Los trabajadores que prestaron servicios durante 2016 -correspondientes a la convocatoria del Emple@ de 2015- presentarán una iniciativa judicial en la jurisdicción de lo social. Los exempleados de estas organizaciones pretenden recuperar las cantidades que las organizaciones les exigían como donativos voluntarios. Hasta el momento, ninguna de las investigaciones abiertas -y hubo dos- ha podido obligar a las entidades afines al PSOE a que devuelvan el dinero cobrado a sus legítimos propietarios, esto es, los trabajadores que fueron seleccionados.

En la ronda de encuentros con la Junta, se les dejó claro que, si querían obtener el dinero, solamente había una vía: buscarse abogado y procurador para ir a los tribunales. La primera vía será un acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) que, si fracasa (la asistencia no es obligatoria), se tendrá que sustanciar en una vista oral.

La Juntadeterminó, por la vía administrativa, una sanción de 46.000 euros a las tres organizaciones y la devolución de unos 300.000 euros, la mayor parte del dinero asignado. La Consejería de Empleo ha estimado que estas tres organizaciones deben estar cinco años sin recibir fondos como consecuencia de haber desviado parte de la subvención a fines no previstos. La Inspección de Trabajo consideró los hechos como un ilícito laboral muy grave. Las investigaciones han probado las denuncias de los trabajadores: que los contratos de ocho horas diarias se convertían en seis a costa de ingresar la parte correspondiente en las organizaciones.

La segunda iniciativa en marcha se dilucidará por la vía penal y es la primera vez que se plantea una acción de estas características. A pesar de que varios partidos han advertido que estaban pensando llevar el asunto a los tribunales de esta manera (para dilucidar si se ha cometido o no un delito), serán trabajadores de la convocatoria de 2014 -que realizaron sus trabajos en 2015- los que llevarán el caso ante los jueces.

Este grupo de empleados tenía un sistema de funcionamiento distinto que los que trabajaron en las entidades afines al PSOE un año después. Si los últimos ingresaban un tanto por ciento de su salario, «la primera promoción» del Emple@ pagaba 500 euros justos independientemente de la nómina que percibiesen. La situación de estos empleados es particularmente compleja. Cobraban en billetes sus salarios ya que la entidad les obligaba a pedirlo formalmente. Por tanto, no tienen la ventaja de los trabajadores que cobraban sus nóminas por la vía de una domiciliación bancaria y que pueden probar de forma fehaciente que los pagos se realizaban.

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