Mercacórdoba quiere licitar una gasinera que podría no tener licencia para su instalación

La empresa pública Mercacórdoba quiere tener una gasinera en sus instalaciones pero que no le cueste un euro si las cosas se tuercen en el procedimiento legal para levantar las instalaciones. La sociedad mercantil mayoritariamente pública informó a su consejo de administración de cuáles son los contratiempos que podrían surgir de crear un surtidor de gas para vehículos similar al que tiene previsto encargar Aucorsa para el uso de sus autobuses.

La condición «sine qua non» impuesta por el consejo de administración es que las empresas interesadas tendrán que correr con los gastos de cualquier estudio legal previo sobre los permisos que se tienen que conseguir para un surtidor de este tipo de combustible. Dos son las cuestiones que preocupan entre los directivos de la empresa mayoritariamente municipal aunque también participada por Mercasa.

Una es que se encuentra en Zona de Flujo Preferente , que es la nueva categoría de los suelos inundables que están tanto en las ciudades como en el entorno inmediato de éstas. Y las estaciones de servicio aparecen como un uso expresamente prohibido por la nueva legislación. En el consejo de Mercacórdoba se trasladó que la afección existe aunque en grado menor. El nuevo reglamento aprobado por el Gobierno no entiende de grados. O se está dentro o se está fuera.

Un segundo elemento de crear un surtidor de gas en estas instalaciones es que implicaría una actividad nueva que no está contemplada en los permisos urbanísticos que tiene las instalaciones. Mercacórdoba dispone de una estación de servicio de la marca Enerplús que se creó para dar servicio a los transportistas aunque la página web del negocio permite dar de alta a cualquier persona interesada en combustible a precios competetivos metiendo la matrícula del automóvil en una base de datos.

Lo que Mercacórdoba se teme es que se desarrolle el procedimiento de licitación y se encuentre a una empresa dispuesta a una inversión relevante en el surtidor de gas vehicular. En el peor de los supuestos, las administraciones competentes podrían denegar la licencia de instalación de una estación de servicio que se encuentra muy cerca de bloques de viviendas. La empresa quiere blindar su situación legal para que no haya problemas de reclamaciones posteriores. Quien se presente tendrá que saber que lo hace a riesgo y ventura incluso de una denegación del permiso.