Rafael Aguilar - EL NORTE DEL SUR

Laicistas por la vía del tricornio Rafael Aguilar

Separar el ámbito privado del público en los actos religiosos es una misión imposible hasta la para la Guardia Civil

Es de suponer que la Comandancia de la Guardia Civil estará ya preparada para solicitar a sus servicios centrales un refuerzo de medios humanos y materiales ante la avalancha de trabajo que se le viene encima. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha respondido con sorna socarrona al nuevo invento de los socios encubiertos de gobierno de la alcaldesa -sí, el relativo a la propuesta para que los cargos públicos dejen de ir a actos religiosos- y ha animado a la autoridad municipal a que le mande una pareja uniformada en cuanto lo vea con una vara en una procesión. Porque ir van a seguir yendo, ha venido a decir para disipar cualquier duda acerca de la actitud con la que recibe la idea de la (por ahora) periferia del bipartito. Tan tajante ha sido el jefe de filas del principal partido de la oposición en el Consistorio -porque lo de José Antonio Nieto es otra cosa- como difusa la postura de la alcaldesa. Ambrosio ha evitado pisar el charco que le han llenado de agua turbia los señores de Ganemos fiel a su estilo: «Sobre la presencia de concejales en procesiones y actos religiosos, no estoy a favor de que se obligue ni de que se prohíba», ha declarado la titular del bastón de mando de la ciudad. En otras palabras: que ella no va a ser quien descuelgue el teléfono para poner sobre aviso al Instituto Armado de que este o aquel edil van detrás de una Dolorosa o delante de un Crucificado. Porque no vaya a ser que entre los devotos del cortejo se encuentre alguien de su equipo de confianza, que alguno hay con predicamento en el mundo cofrade.

La moción que ha defendido la marca de Podemos en la provincia rescata un viejo debate tan trillado como estéril. Aquí nadie duda, le guste más o le guste menos, que las expresiones de religiosidad popular forman parte de la vida de la ciudad y que es sencillo que cualquiera pertenezca a una corporación de Semana Santa o de Gloria. Resulta obvio que veces se trata de un hecho relacionado más con los modos de vida que con el estricto ámbito de la fe: las hermandades siguen jugando un papel importante en la estructura de la sociedad y el común de los ciudadanos lo acepta como un hecho natural, sin escandalizarse y si uno apura el argumento hasta sin darle demasiada importancia. Que un concejal sea miembro o simpatizante de la cofradía de su barrio resulta, simplemente, una manifestación más de esa realidad. Que le apetezca acompañar a una talla en su recorrido por la calle, también. De manera que pretender que el Pleno apruebe una norma impida que un representante municipal acuda a un acto religioso pisa una línea difusa, justo la que separa la esfera de lo público del dominio de las cosas privadas. Establecer las lindes entre una y otra cuestión es una misión casi imposible. Hasta para una pareja de la Guardia Civil.

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