Investigación

La Junta se cuestiona su propia sanción a Guadalquivir Futuro

Salud pide un informe para saber si le afectan las decisiones adoptadas por Empleo

Sede de Guadalquivir Futuro
Sede de Guadalquivir Futuro - ABC

La Junta de Andalucía marea la aplicación de la decisión adoptada por la Consejería de Empleo, anunciada en el Parlamento, de multar con 46.000 euros y reclamar la devolución de más de 300.000 a entidades afines al PSOE por dar mordidas a los contratos para inserción de personas en desempleo. En este caso, en lo concerniente a uno de los elementos más destacados de la multa anunciada por el consejero Sánchez Maldonado: no recibir ayudas públicas por cinco años contando a partir del uno de enero de 2016.

La delegada territorial de Salud, Mari Ángeles Luna, ha pedido un informe jurídico a los servicios legales de la Junta para saber si afectan a su consejería las decisiones adoptadas por otros departamentos. Se trata de una medida similar a la adoptada por el PSOE en el Ayuntamiento y en la Diputación (no es el caso de IU) que considera que las resoluciones de otros departamentos no afectan a la concesión de nuevas subvenciones.

En juego está la recepción de otros 28.000 euros en ayudas a cargo de la Red de Garantía Alimentaria, que las entidades afines al PSOE recibieron apenas unos días antes de que el consejero de Empleo anunciase la resolución del expediente sancionador. En teoría, esa ayuda estaría condenada si se aplican, en el sentido estricto, las palabras de Sánchez Maldonado: las tres organizaciones no gubernamentales no pueden recibir fondos de la Junta en un lustro. Salud reconoce tener sus dudas al respecto.

En concreto, Luna ha asegurado que las organizaciones recibieron recursos porque en el momento de fallarse las subvenciones cumplían con los requisitos. El Ayuntamiento de Córdoba decidió curarse en salud y paralizar cautelarmente el procedimiento de subvenciones (por menos dinero, unos 18.000 euros) hasta tanto se conociese en detalle el contenido de la resolución. El delegado de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, ha asegurado que no firmará ninguna ayuda por razones de conciencia. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, se apresuró a desmentirlo.

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