FRAUDE CON EL EMPLE@

La Junta de Andalucía aún no sabe si pagará las ayudas a la Fundación Guadalquivir Futuro

El PP reclama medidas preventivas para evitar que la entidad sancionada siga recibiendo fondos

El parlamentario andaluz del PP, Miguel Ángel Torrico
El parlamentario andaluz del PP, Miguel Ángel Torrico - ABC

La consejera de Política Social de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, realizó ayer todo un acto de «no saber» cuando el parlamentario del PP Miguel Ángel Torrico le reclamó información sobre la situación de las ayudas concedidas por su departamento a entidades vinculadas a la fundación Guadalquivir Futuro. Se trata de la organización no gubernamental afín al PSOE de Córdoba investigada y sancionada por quedarse con parte del dinero que tendría que haber acabado en manos de desempleados contratados con dinero del programa Emple@.

Sánchez Rubio no supo decir si las últimas ayudas saldrán adelante o si, en su defecto, regirá la orden de la Consejería de Empleo de que estas entidades no reciban dinero público durante cinco años a contar desde el uno de enero de 2016. Según su versión, a la que se aferró la consejera socialista, no se pueden adoptar medidas contra la legislación vigente. Torrico le contestó que eso es obvio pero la cuestión es que hay algo más que explicar.

En concreto, el parlamentario popular le reclamó medidas preventivas, precautorias, con el objetivo de evitar que estas organizaciones no reciban nuevos fondos. «No es una cuestión de los medios de comunicación -dijo el parlamentario- porque estamos hablando de lo que ha ocurrido en la Cámara. Aquí es donde el consejero de Empleo anunció las conclusiones de la investigación que le habíamos reclamado». Dicho expediente se saldó con multas por valor de 46.000 euros y el reintegro de más de 300.000 euros solamente de dinero del plan Emple@ por desvío de fondos. Estas organizaciones han tenido un papel muy relevante en la organización de la propaganda electoral del PSOE en la zona sur de la ciudad.

La mecánica, en adelante y en lo que respecta al expediente, será muy simple, explicó la consejera. Cuando la resolución de las ayudas a Guadalquivir Futuro, se meterán los datos en un sistema informático que, en el caso de existir problemas o prohibiciones, quedará bloqueada. No existirá decisión política al respecto como la que se reclama desde la oposición de que se individualice a estas organizaciones y se las trate con cuidado dados los antecedentes. «De lo contrario, estaríamos cometiendo un delito», aseguró la consejera.

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