TRIBUNALES
La juez prorroga seis meses la instrucción del caso de las supuestas mordidas de Guadalquivir Futuro
El volumen de las actuaciones y complejidad de la causa obligan a alargar las actuaciones hasta finales de junio
La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha acordado prorrogar seis meses más la investigación sobre el caso del supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía por parte de dirigentes de la Fundación Guadalquivir Futuro.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han detallado que la instrucción se prorroga hasta finales del mes de junio , «dado el volumen de las actuaciones», de manera que supone «una causa compleja».
Además, han apuntado que la juez está pendiente de recibir los datos de las distintas peticiones que ha realizado a la Tesorería General de la Seguridad Social , a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital cordobesa para conocer el importe de las subvenciones otorgadas a la fundación en 2015 y 2016, que en el caso de la administración local es «una cantidad muy pequeña y poco significativa» en comparación con las del Ejecutivo regional, según las fuentes judiciales.
Al respecto, la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tramita el procedimiento de reintegro por el total de la subvención concedida, que ascendía a 103.793,54 euros , al tiempo que el SAE ha impuesto una sanción a la entidad por importe de 20.000 euros , que deriva de los hechos contenidos en el acta de infracción incoada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tras la denuncia de varios trabajadores de la fundación, detectó una serie de incumplimientos tipificados como infracciones muy graves en materia de empleo.
En este caso, una inspectora de trabajo ha declarado sobre la investigación de las subvenciones de la Junta, indicando las fuentes que «todo apunta a que se desviaba el dinero» presuntamente por parte de los principales dirigentes investigados, con «la obligación a los trabajadores de hacer donaciones de en torno al 25 por ciento de su sueldo bajo la amenaza de quedarse en paro», entre otras supuestas prácticas.
