El alcalde de Priego, José Manuel Mármol, el día que fue elegido regidor de este municipio
El alcalde de Priego, José Manuel Mármol, el día que fue elegido regidor de este municipio - MANUEL OSUNA
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

El juez frena la declaración «voluntaria» del alcalde de Priego por el amaño de las oposiciones a bombero

Mármol pidió fecha y hora para dar su versión y el magistrado le rechazó apelando a su condición de aforado (senador)

CÓRDOBAActualizado:

EL alcalde de Priego de Córdoba y senador del Reino de España por el PSOE, José Manuel Mármol, tendrá que declarar en el caso de presunto amaño de oposiciones a bombero de la Diputación cuando un juez diga y no cuando el político disponga en función de sus convenciencias estratégicas. Ese es el contenido básico de un auto elaborado por el magistrado que lleva el caso, José Luis Rodríguez Laínz, que frena en seco la voluntad de declarar «de forma voluntaria» del alto cargo del PSOE.

El asunto tiene un punto surrealista porque el político socialista llegó a personarse en el juzgado para reclamar que se le tomara declaración acompañado de asistencia legal. El auto de conclusión de estos hechos es tajante: Mármol no declarará cuando quiera sino cuando un juzgado, el que sea competente en el caso, le conceda esa opción en el seno de las investigaciones correspondientes. De momento, mantiene su situación de investigado por presunto tráfico de influencias por las sospechas de que intervino en el proceso de las oposiciones durante el verano del año pasado para colar a un grupo de siete opositores que trabajaban de interinos en el parque de bomberos de Priego. La localidad tiene representación directa en la junta del Consorcio de Bomberos.

Mármol, como senador, es aforado. Solo puede ser juzgado por la Sala segunda del Tribunal Supremo, al menos, mientras ocupe en el cargo. Y, en algunos casos (como cuando ya se ha ordenado la apertura del juicio oral), cuando el político ha dejado el puesto. Para que un miembro del legislativo español sea juzgado, hay que realizar un trámite previo llamado suplicatorio. El Supremo ha de llamar a la puerta de las Cortes para advertirle que hay un proceso penal en marcha y éstas han de tomar la decisión de conceder una retirada de la inmunidad parlamentaria.

Rodríguez Laínz no niega el derecho de Mármol a personarse en el procedimiento judicial ni a que ejercite todos los recursos necesarios para su defensa. Al contrario, concede esa solicitud. Lo que plantea es que es el magistrado quien ordena la investigación y no al contrario. De hecho, tampoco le niega la posibilidad de una declaración voluntaria en un futuro, posibilidad que le confiere la legislación. El problema radica en que Rodríguez Laínz ordenó a la Diputación de Córdoba que le remitiese un voluminoso número de archivos que incluyen comunicaciones electrónicas entre los altos cargos del Consorcio de Bomberos y autoridades municipales. Lo que plantea el juzgado de instrucción es que primero hay que investigar y leer toda esa documentación con el objetivo de que el interrogatorio al alcalde de Priego se realice con todos los elementos encima de la mesa.

Las razones por las que el senador se presentó en el juzgado pidiendo declarar tienen una causa fundamentalmente política interna por su precaria situación en el Consistorio. El pasado uno de mayo, Mármol anunció ante el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba que iba a declarar voluntariamente porque, dijo, no tenía nada que ocultar. Fue una forma de quitarse presión ante las preguntas realizadas por el grupo popular, que reclamó una comparecencia específica. El alcalde y senador pactó con los grupos con los que realizó la moción de censura dar explicaciones ante el Pleno pero solo una vez que se desarrollase la declaración pertinente.