Recogida de aceituna en el campo andaluz
Recogida de aceituna en el campo andaluz - EFE
AGRICULTURA

El Gobierno trabaja para evitar la imposición de más aranceles a las aceitunas españolas en EEUU

En junio, el gobierno de Trump inició una investigación «antisubvención» sobre las olivas producidas en España

CÓRDOBAActualizado:

El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado que está trabajando, en coordinación con la Comisión Europea y la Junta de Andalucía, para evitar que Estados Unidos (EEUU) imponga más aranceles a las aceitunas españolas.

El Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy ha aclarado que las aceitunas de mesa españolas ya tenían «un arancel a la entrada del mercado de EEUU, que varía, según las distintas partidas arancelarias, entre 7,4 y 11,6 céntimos de dólar por kilo del peso neto escurrido». A este recargo se ha unido ahora la decisión de EEUU de imponer un arancel provisional a la aceituna de mesa española, de entre el 2,3 y el 7,2 por ciento, como resultado de la investigación «antidumping» y antisubvención abierta hace meses por Estados Unidos, al concluir que las aceitunas españolas se venden por debajo de su precio de mercado por las subvenciones que reciben de la Unión Europea (UE).

Fue el pasado junio, según ha detallado el Gobierno español, cuando EEUU inició las citadas investigaciones, en relación «a las importaciones españolas de 'ripe olives' (primordialmente aceitunas negras). Estas investigaciones se iniciaron previa solicitud del sector estadounidense productor de 'ripe olives', y su apertura está legitimada por el Acuerdo 'Antidumping' y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)».

Por otra parte, la imposición de medidas antidumping o antisubvención, según ha explicado el Ejecutivo español, «suele traducirse en el incremento de los derechos arancelarios normalmente aplicables, lo cuales se pueden imponer de manera provisional o definitiva», pero «cualquier medida debe ser conforme con las normas de la OMC y, por tanto, en el momento en que se hubieran impuesto medidas contra los productores europeos, la Comisión Europea podría denunciar el caso ante el órgano de solución de diferencias de la OMC».

El Gobierno, en cuanto tuvo conocimiento de la apertura de las mencionadas investigaciones, se puso en contacto con la Comisión Europea, con la que ha trabajado en todo momento de manera coordinada, así como con la Junta de Andalucía, comunidad autónoma dónde se localizan las empresas investigadas. En este sentido, el pasado 7 de agosto la secretaría de Estado de Comercio de EEUU trasladó a las autoridades españolas unos cuestionarios en los que se pedía información exhaustiva sobre las empresas investigadas, que debía ser cumplimentado por las mismas, y un cuestionario a rellenar por el Gobierno español, que incluía seis bloques de ayudas investigadas (Pago Básico, Greening, Jóvenes Agricultores, Desarrollo Rural, Organizaciones de Productores y Seguro Agrario), así como un apartado abierto sobre otras ayudas. Además, la Comisión Europea recibió un cuestionario específico.