Isabel Ambrosio y Antonio Ruiz, en un acto del PSOE
Isabel Ambrosio y Antonio Ruiz, en un acto del PSOE - VALERIO MERINO
Primera plana

El fuego de Antonio Ruiz

¿Tiene algún interés el secretario general del PSOE de Córdoba por saber qué pasó?

CÓRDOBAActualizado:

Imagine, lector, que fuera usted presidente de la Diputación -sé que, puestos a cambiar de vida, hubiera preferido algo más apasionante, pero esto es lo que hay para que me cuadre el artículo-. Siga echando a volar la mente, porque una mañana a primera hora la mesa empieza a arderle con una exclusiva de ABC. Es un auto judicial (la instrucción está aún desarrollándose) que detecta un amaño para que en unas oposiciones del Consorcio Provincial de Bomberos los interinos que ocupaban provisionalmente las plazas se quedaran con los puestos (54) como funcionarios.

La altura de las llamas le impresionan: la investigación judicial apunta a que políticos, técnicos, sindicatos e interinos se pusieron de acuerdo para que estos últimos pudieran convertirse en funcionarios, aunque eso calcinara el principio constitucional que debe regir el acceso a un empleo público: la igualdad, el mérito y la capacidad. Los acelerantes del escándalo lo avivan. Se facilitaron preguntas, se montaron cursos para filtrar los exámenes, los aspirantes compinchados debían tocarse la oreja para que los evaluadores de la parte práctica supieran quién era interino, la custodia de las pruebas se rompió dos veces... Es un caso en el que supuestamente se habrían cometido delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y revelación de secreto dañando a terceros. Todo está reflejado en un incandescente auto que, por ahora, supone la imputación inicial de 29 personas.

Entre ellos, están la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos, que es también la «número dos» del PSOE cordobés, Dolores Amo, y el gerente de dicho Consorcio, Juan Carandell, técnico que ha tenido distintas responsabilidades siempre con los socialistas. A estas alturas, usted, lector, ya habría hecho cortafuegos del tamaño del Gran Cañón por prudencia, sentido común y para no tener que dejar el Palacio de la Merced por achicharramiento. Eso lo hubiera hecho usted y el común de los mortales. Todos salvo la mayoría de la clase política, que vive en otro mundo, el de Yupi, como acabamos de constatar con el «Cifuentesgate» o, mucho más cerca, con el verdadero máximo responsable de la institución provincial y líder del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz. No sólo no ha mostrado ningún interés por averiguar hasta qué punto la justicia está o no acertada en sus pesquisas, sino que directamente ha puesto la mano en el fuego por su «número dos» en el partido y vicepresidenta del Consorcio de Bomberos y por el gerente de dicho ente. Ha asegurado que tiene «confianza absoluta» en ellos y ha avalado su postura de que las acusaciones son falsas.

Él sabrá. Tenía dos opciones. O mostrar interés, aunque fuera mínimo, por conocer lo sucedido en una institución que es de todos los cordobeses o cerrar filas sólo con los suyos, defendiendo únicamente los intereses del PSOE. Y pasó lo segundo. El tiempo y la justicia dirán si, con este caso, su carrera política acaba reducida a cenizas