ECONOMÍA

La Fiscalía investiga una presunta «gestión desleal» en Laboratorios Pérez Giménez

Abre diligencias a instancias de la Administración Concursal, que ve hasta siete posibles delitos

Interior de la planta de Pérez Giménez cerrada a cal y canto en Almodóvar del Río
Interior de la planta de Pérez Giménez cerrada a cal y canto en Almodóvar del Río - R. SERRANO

La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias informativas para investigar una presunta «gestión desleal» en Laboratorios Pérez Giménez durante los últimos años. Y lo ha hecho en base a un escrito de denuncia dirigido por los administradores concursales de la farmacéutica en el que entienden que podrían haberse producido al menos hasta siete delitos de diferente índole que habrían acabado con una empresa que tenía más vida de lo que parecía a la vista de muchos.

Según ha podido confirmar ABC, el escrito de la Administración Concursal fue presentado en junio pasado y en estos momentos el Ministerio Público se encuentra ya estudiando la ingente documentación recibida desde entonces para valorar los hechos puestos en su conocimiento y decidir, finalmente, si son o no constitutivos de algún ilícito y en tal caso dirigirlos al juzgado.

La base de la denuncia hecha por los administradores está en el informe de 2015 que calificó de culpable la gestión en la empresa. Los laboratorios solicitaron el concurso de acreedores en octubre de 2011 con un pasivo de 50 millones de euros y tras haber sido vendida por sus propietarios y fundadores (la familia Pérez Giménez) en julio de 2010 a una sociedad denominada Tecris, representada entonces por José Enrique Rosendo (ya fallecido tras haber sido imputado en el caso ERE) y Jacinto Romeu.

Descripción de posibles delitos

Otros socios se hicieron con el control de la firma después y no la relanzaron tampoco. Todo lo contrario, ésta acabó liquidándose y subastándose en tres intentos infructuosos. Ahora está a la espera de que cuaje el cuarto con el grupo libio Al-Sahl y su filial Pharmex.

Los tipos penales que plantean los administradores arrancan con una posible disposición fraudulenta de bienes de la sociedad y/o apropiación indebida.

A este se suma otro presunto fraude en subvenciones públicas, otro delito de quiebra fraudulenta, alzamiento postconcursal, varios delitos societarios derivados de un proceso ficticio de ampliación de capital, entienden los rectores concursales, de ampliación de capital que en su día se planteó como una salida clave para evitar el concurso y reflotar la farmacéutica (lo que a la postre no sucedió). Y finalemente, otro ilícito de deslealtad profesional.

De todos ellos, llama la atención la disposición fraudulenta de bienes, el fraude en ayudas públicas y los delitos derivados de una ficticia ampliación de capital por 6 millones de euros. En el caso de las ayudas públicas, el informe de los administradores se refiere a un montante de 4,6 millones de euros «indiciariamente distraído del destino para el que fue concedido».

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