La Fiscalía eleva al juzgado la denuncia del vertido de orujo de El Tejar al Guadalquivir

La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha elevado una querella al Juzgado de Montoro por el vertido de orujo de Oleícola El Tejar al río Guadalquivir, que tuvo lugar a finales del mes de junio de 2017 en la planta del municipio de Pedro Abad, que provocó la mortandad de peces y placton, y que llegó hasta el Valle del Guadalquivir. Según han confirmado a ABC fuentes de la sección de Medio Ambiente del Ministerio Público, la denuncia se elabora a partir de las diligencias que presentó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de los hechos por daños en el medio acuático referidos al artículo 325 del Código Penal.

La querella, en la que se apunta a varios investigados —antes imputados— como causantes del desastre ecológico se basa en la responsabilidad penal del vertido. La conducta castigada en el primer inciso del artículo 325 consiste en la provocación o realización directa o indirecta de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el subsuelo, el suelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como en la realización de captaciones de aguas.

En el informe del Seprona se recoge «la gran mortandad de peces y organismos microscópicos que perecieron a causa del vertido de orujo». Asimismo, de momento, este delito no cuenta con agravante de reincidencia dado que no hay ningún otro procedimiento penal contra El Tejar por esta causa ni tampoco se considera una «catástrofe» a gran escala, que sería el delito agavado, cuyas circunstancias no concurren, según la Fiscalía.

Mientras, la Junta de Andalucía fue la primera en informar, hace unos meses, de que se había iniciado un procedimiento sancionador que contempla obligaciones pecuniarias y no pecuniarias para el resarcimiento de los daños medioambientales. El Ejecutivo andaluz calificó los hechos, inicialmente, como «muy graves». Por otro lado, a principios de diciembre trascendió que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también había incoado un expediente sancionador y coincidió en valorar lo sucedido como «muy grave».