Andalucía - Córdoba

La Federación de Asociaciones de Vecinos llevará Ayuntamiento al juez

La entidad se defiende del «aislamiento» por parte de Participación Ciudadana y la regidora

El presidente de la Federacion Cordobesa de Asociaciones Vecinales, Rafael Soto
El presidente de la Federacion Cordobesa de Asociaciones Vecinales, Rafael Soto - VALERIO MERINO

Aislamiento es poco. La sensación que tiene Rafael Soto, presidente de la nueva Federación Cordobesa de Asociaciones Vecinales (Fecorave), es la de boicot por parte del Ayuntamiento, y más concretamente por parte del Área de Participación Ciudadana, que lidera Alba Doblas (IU), con la connivencia de la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), por «guardar un profundo silencio ante las injusticias que están teniendo lugar con su conocimiento».

En primer lugar, Fecorave es federación, y no una simple asociación como se la está tratando desde el Consistorio, en palabras de Soto. De hecho, Soto dijo que a las 23 asociaciones que la componen se les va a unir «pronto» otra veintena.

Eso significa que a todos los efectos, cuando en las mociones que se debaten en los plenos municipales haya que comunicar sobre lo decidido a las representaciones vecinales, «nos tienen que incluir, le pese a quien le pese». Y es que recientemente, en una moción de Ganemos Córdoba no se quiso incluir su nombre porque desde la agrupación de electores se negaban a que el movimiento vecinal apareciera dividido. «Es algo que ya aclaré con ellos, y es de esperar que no vuelva a suceder y a partir de ahora aparezca que se nos tiene que informar, como se hace con Al-Azahara».

Anécdotas —significativas— aparte, la situación está llegando a tal extremo que Soto ha avanzado a este periódico que desde la Federación se está preparando toda la documentación necesaria para llevar la situación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. No sólo por la falta de atención que está recibiendo por parte de Participación Ciudadana, sino por todo lo que está pasando en el seno del Consejo de Distrito Centro.

Eso significa que en el Ayuntamiento «tampoco se está haciendo caso a nuestra denuncia de que la representación actual de ese Consejo de Distrito es ilegal y está fuera de la ley por las irregularidades cometidas de cara al reglamento». Y es que, según señaló en su día Soto un nutrido número de asociaciones, especialmente las de carácter vecinal, llevaban años sin convocar elecciones «en un proceso claramente irregular que se extiende más allá de este Distrito al resto de la ciudad y que yo solicité que se impugnara», advirtió.

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