Errores castastrales: sancionado por una construcción «fantasma»

La implacable maquinaria burocrática puso el pasado 23 de septiembre en su diana a Manuel Luque, un vecino de la zona de Sansueña, al Norte de la ciudad. Ese día recibió una carta certificada de la Agencia Tributaria (AEAT) que, bajo el nombre de tasa de regularización catastral, le exigía el pago por orden ejecutiva de 72 euros por una modificación no notificada.

Su caso es el mismo que viene ocurriendo en las últimas semanas con propietarios de toda la provincia, que están recibiendo una misiva similar. Tal y como adelantó ayer ABC, el problema es que los datos utilizados para establecer esas modificaciones de las viviendas no responden en numerosas ocasiones a la realidad. Para esta labor, el Catastro está recurriendo a la contratación de empresas especializadas en la utilización de drones y fotografías vía satélite para detectar elementos de las casas que han permanecido ocultos.

Sin embargo, la fiabilidad de esas imágenes es bastante dudosa. Algunos expertos afirman que en torno a un 40 por ciento de las inspecciones que se están llevando a cabo tienen fallos.

Así ocurrió con Manuel, quien, tras informarse en la sede provincial del Catastro, supo que la sanción venía como consecuencia de una falsa construcción de 32 metros cuadrados detectada por un dron. El aparato se confundió al considerar un techo lo que era un patio terrizo totalmente al aire libre, considerando de este modo que ese espacio era similar a un almacén.

Los propios funcionarios le reconocieron el error cuando acudió a reclamar, pero la única vía que se le facilitó fue hacer sendos recursos ante la Gerencia Territorial del Catastro, pidiendo la modificación de los planos confeccionados equivocadamente, y ante la AEAT, para reclamar la devolución de los 72 euros que Manuel abonó antes de que finalizase el plazo de 15 días, puesto que, en caso de que no hubiera pagado, se habría procedido al embargo de sus cuentas bancarias.

Mejor pagar la multa que pagar a un perito

Según un experto en fiscalidad, para demostrar el error administrativo es necesario en diversas ocasiones la contratación de un perito que haga las mediciones e informes necesarios, lo que eleva el dinero a abonar por los propietarios. Manuel mostró su indignación debido a que el error del Catastro no sólo le ha supuesto el pago de 72 euros, cuya devolución podría conllevar años de litigios, sino también porque esa equivocación traerá consigo un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en su declaración de la Renta al aumentar el valor de su propiedad.

El desaguisado administrativo no se queda ahí. Manuel no se explica por qué recibió una providencia de apremio para el pago de la regularización catastral cuando la Ley establece que el afectado debe ser avisado en dos ocasiones sin recargo. Esto no ocurrió en este caso, una situación que se están repitiendo en numerosos hogares. El problema es que esas advertencias fueron enviadas por el Catastro a una dirección equivocada, mientras que la orden de pago mandada por Hacienda sí contaba con las señas correctas de este residente en la parte septentrional de la capital.