APUNTES AL MARGEN

El donoso escrutinio de la Gerencia de Urbanismo

El organismo autónomo publica sus criterios de verificación de locales abiertos. Habrá selección de los responsables políticos.

El donoso escrutinio de la Gerencia de Urbanismo

Como sabe cualquier cervantino de pro, de los tantos que hay en este país, el donoso escrutinio es la selección que el cura, el barbero y el ama realizaron de la bien provista biblioteca de Alonso Quijano para decidir qué libros acababan en la hoguera, no fuera que al pobre hombre se le fuese más la mollera.

De algo parecido versa la oscura publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del viernes de la instrucción 1/2016, una determinación interna de la Gerencia de Urbanismo que organiza cómo se tienen que organizar el trabajo inspector de esta entidad de cara a las declaraciones responsables. Probablemente sea más divertido El Quijote que esto que les voy a contar, aunque, a su manera, tiene su cierta relevancia.

Tanta, que debería haberse debatido en donde merece -por los representantes del pueblo de Córdoba formalmente constituidos en Pleno- so pena de que, en adelante, los efectos de lo que ocurre lo soporten en exclusiva quienes aparecen citados en el administrativo texto.

Lo primero es lo primero. Una declaración responsable es un documento que se tramita en la Gerencia por el cual una persona física o jurídica avisa al Ayuntamiento de que va a poner en marcha un negocio. Antes, funcionaba el sistema de licencias. Teóricamente, el empresario documentaba su actividad y Urbanismo decía lo que le parecía oportuno.

Determinados cambios en las normas han llevado a que el sistema de licencias se reserve para usos concretos, impactantes, y se funcione al revés. El autónomo o el empresario registran el anuncio de su actividad y el Ayuntamiento tiene un plazo de cuatro años para decir si las cosas se están realizando correctamente. Así se gana tiempo ya el procedimiento de licencias, generalizado, había generado tal pelote que era inviable acompasar el pausado ritmo administrativo con las urgencias de la iniciativa privada.

La instrucción -hasta ahora, interna- dice muchas cosas. Quizá la más relevante es que las actividades calificadas (bares, restaurantes, etcétera) pueden abrirse temporalmente mediante declaraciones responsables aunque serán sometidos a vigilancias sistemáticas. Nota al margen: hay quien considera seriamente que es una vía que no se debe permitir e incluso pone en duda su legalidad.

Hay barrios, en muchas ciudadaes, levantados en armas por la apertura de locales nocturnos que, hasta que se produce la visita técnica municipal, funcionan amparados por declaración responsable.

En segunda lugar, se considera prioritario el desarrollo de inspecciones de comprobación en aquellos locales comerciales que, sin ser actividades calificadas, están afectados por el llamado decreto «omnibus» (que liberalizó servicios y redujo papeleo): comercios de más de 750 metros cuadrados, entidades bancarias o guarderías.

Para el común de los mortales, se establece una curiosa forma de proceder. Periódicamente, el presidente, el gerente y el jefe de servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo realizarán una selección de expedientes, de ahí lo de donoso escrutinio que encabeza este artículo.

En esta categoría entran la mayor parte de los comercios y locales abiertos al público. Desde tiendas de menos de 750 metros cuadrados de uso comercial, peluquerías a droguerías. La determinación de qué inspeccionar y qué no -para ver que todo está en orden- será pues «política» (en función de las quejas, el orden social del barrio, etcétera) siempre que no exista denuncia de afectados. Nota al margen: aquí viene el meollo.

Si tres personas son las responsables de elegir qué se vigila, sucede que esos mismos cargos cargan bajo sus espaldas la determinación de qué no se vigila. Pongamos un ejemplo práctico: hace apenas unos meses se «descubrió» que en Córdoba funcionan unas tiendas grandes con mucho material inflamable.

Tal descubrimiento se hizo por una vía bastante peculiar: ardieron a lo bestia, sacando a un montón de vecinos de sus casas. Con la instrucción en vigor, corresponde a alguien en concreto señalar si ese tipo de comercios, antes de que ardan, han de situarse bajo la lupa municipal. Cierto, todo es una cuestión básica de que hay poco personal o, el que hay, se encuentra desigualmente repartido y peor gestionado. Que igual es preciso más funcionariado en determinados campos que no son sensibles hasta que ocurre algo. Antes de que lleguen los lamentos, los abogados y los seguros.

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