Las disputas en el cogobierno PSOE-IU de Córdoba, en siete clics

A vueltas con la última Semana Santa

El enfrentamiento por la última Semana Santa ha sido el último episodio, y uno de los más virulentos, de los choques en estos casi dos años de mandato entre PSOE e IU -Ganemos (marca municipalista de Podemos) sustenta al bipartito desde la oposición y suele aliarse con la coalición de izquierdas-.

Tras la decisión de que la carrera oficial se trasladara al entorno de la Mezquita-Catedral y a medida que se acercaba la Semana de Pasión, IU fue mostrando sus reparos. Fue el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), quien abrió fuego el 23 de febrero al mostrar sus «dudas» sobre la seguridad de quienes acudieran al itinerario oficial.

Estas declaraciones tenían el agravante de que las hacía el también edil de Turismo cuando muchos viajeros aún estarían decidiendo su destino vacacional. La alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), tuvo que salir a recordarle que había un «plan de seguridad[elaborado por el Ayuntamiento], con todos los matices en materia de accesibilidad y de movilidad».

Y el pulso por la Semana Santa lejos de haber terminado sólo vivía la primera batalla. A mediados de marzo, la Asamblea Local de IU emitía un comunicado en el que defendía que la seguridad, competencia dentro del gobierno local del PSOE, de las personas en la carrera oficial «no está garantizada». Además, criticaron que, a su juicio, la nueva carrera oficial suponía la «privatización del espacio público».

De nuevo, intervino la regidora para desmarcarse de su socio de gobierno –no se puede olvidar que, además, García es coordinador provincial de la coalición de izquierdas-. «Yo sí puedo garantizar que el Ayuntamiento ha hecho y va a seguir haciendo su trabajo en esta materia [por la seguridad]», sentenció la primera edil.

Llegó la Semana Santa y se celebró sin ninguna incidencia grave. Suficiente para que el mismo Domingo de Ramos saliera a la palestra el edil de Seguridad, Emilio Aumente (PSOE). Concejal experimentado, político serio y con fama de trabajador, las críticas de García le tenían que haber sentado más que mal y salió a decir que se había vivido una «Semana de Pasión histórica». «Ha sido un éxito tremendo», sentenció.

Sólo 24 horas después llegaba el contraataque. García, acompañado de los otros tres ediles de IU, advirtió de que su formación « no volverá a ser corresponsable de la privatizacióndel espacio público, convirtiéndolo un búnker». Aludía al hecho de que al final se decidió, por motivos de seguridad, que, para acceder a vías donde estaba montada la carrera oficial, hubiera que tener comprado abono. Pero eludió señalar que, por ejemplo, se dispuso la entrada libre en el Patio de los Naranjos para poder disfrutar del paso de las hermandades o que lo mismo se pudo hacer en puntos del entorno del monumento.

García se quejó de que la carrera oficial se diseñó y se puso en marcha sin un proceso de participación ciudadana. El grupo municipal de IU indicó que, si para la edición de 2018 no se produce dicho proceso de participación, su formación no colaborará en la próxima Semana Santa. Este partido ostenta la Concejalía de Infraestructuras, que se encargara del montaje del itinerario oficial.

La alcaldesa tuvo que abandonar su habitual tono plano. Replicó a IU que hay tareas «tan singulares y profesionales, como la de la seguridad, que no pueden pasar por un proceso participativo». Además, consideró «muy precipitado» hacer análisis «parciales» de la Semana Santa. Y recordó que su compromiso es realizar un estudio profundo de esta novedosa edición.

Y al PSOE aún le quedaban un par de reproches en la recámara. Los formuló el edil de Seguridad. Por un lado, recordó que el plan de seguridad pasó por la Junta de Gobierno Local, donde obviamente, se sienta IU, y se aprobó. «Y nadie abrió la boca ni votó en contra», dijo. Igualmente, rebatió las acusaciones de privatización del espacio público.

Ambrosio invade Turismo (IU)

El 20 de marzo de 2017, fue una fecha señalada en la política municipal en lo que va de mandato. La alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), no es política dada a los golpes de autoridad en la mesa. Pero ese día lo dio. Lo hizo para inmiscuirse en las competencias de Turismo, que ostenta su socio de cogobierno, IU.

La primera edil reaccionó así en plena polémica con la coalición por la seguridad de la Semana Santa y después de que el edil del ramo, Pedro García, protagonizara distintas polémicas.

Este concejal ha protagonizado distintas controversias: suspendió en enero de 2016 el espectáculo nocturno del Alcázar para mejorarlo –debe ser inminente la contratación de una empresa que lo ofrezca-; está desarrollando a un ritmo lento el Plan Turístico de Grandes Ciudades –ha necesitado una segunda moratoria para no perder fondos-; la política de promoción turística también ha recibido reproches del sector o la gestación del nuevo Instituto de Turismo que tampoco ha sido ajena a la polémica –con disputas internas en el cogobierno-.

El clúster empresarial Fides (incluye a patronales del comercio y la hostelería) llegó a pedir, con una crítica excesiva en las formas, recientemente a la alcaldesa que destituya a García, por su gestión del Plan Turístico. El PP hizo lo mismo, pero la regidora rechazó hacerlo.

Pero la primera edil sí protagonizó su particular «hasta aquí hemos llegado». Y comunicó el pasado 20 de marzo su «decisión de convocar a todos los agentes socioeconómicos» del sector turístico. La alcaldesa, explicó, quería conocer «sus opiniones y cuáles son los elementos que se puedan mejorar en esta área de actividad que vengan a ayudar y fortalecer la tarea que se hace desde Turismo». Se trata, sostuvo, de «pactar con estos agentes iniciativas y objetivos a medio y largo plazo».

Al día, siguiente el edil de Turismo, por la forma en la que habló del asunto, evidenció que no le había sentado bien la intromisión. Indicó que quería hablar con la alcaldesa. «Es un mensaje [el anuncio de Ambrosio de una ronda de contactos con el sector] que debo concretar con ella», afirmó.

Fiel a ese carácter arrojado que tiene, García no se quedó ahí. Y lanzó un recado a la regidora. «No se trata sólo de dialogar», sostuvo, porque cuando se gobierna «también hay que tomar decisiones. No se pueden alargar y eternizar las cosas». Además, sin citarlo expresamente, defendió que su único problema de interlocución con los agentes del sector lo había tenido con Fides.

La mediática ronda de contactos de la primera edil arrancó el 28 de marzo con CECO. Los encuentros están contando con la presencia del concejal de Turismo, en la enésima muestra de que ambas fuerzas son conscientes de que no pueden tensar tanto la cuerda como para que el bastón de mando salte por los aires.

Ambrosio explota con Doblas (IU)

En la primera mitad de 2016, el Ayuntamiento realiza una serie de actuaciones que suenan a burocráticas: se adapta el plan de deuda del Ayuntamiento de Córdoba para encajar los cuatro millones obtenidos de un fondo crediticio de la UE, a coste cero, sin tener que renunciar a los 11,5 millones de préstamos para otras inversiones, de forma que no se sobrepasen los límites establecidos.

Después de tres modificaciones del plan de deuda, con sus respectivos Plenos, el 16 de junio se conoce un informe de Intervención que alerta de que los créditos solicitados, o a solicitar, para inversiones por el Ayuntamiento en 2016 superan en 2,7 millones a lo que podría demandar a la banca. Eso supone que esa cantidad no se podrá solicitar a las entidades financieras y habrá proyectos previsto que dejarán de ejecutarse en el ejercicio en cuestión.

El 17 de junio se celebra un nuevo Pleno, extraordinario y urgente. La edil de Hacienda, Alba Doblas (IU), lleva a la sesión la cuarta modificación del plan de deuda. Se escuda tras un clásico –culpar a Rajoy-, pero, aunque saca adelante el ineludible recorte de inversiones, ningún otro grupo la defiende. Horas después, en otro acto, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), deja patente su malestar con esta concejal de IU. Es una frase que es un trallazo contra su labor: «La gestión de Hacienda es manifiestamente mejorable». La coalición de izquierdas acusó el golpe y se revolvió con intensidad.

El primer teniente de alcalde y edil de Turismo y Urbanismo, Pedro García, se va directo a por la primera edil. «Cualquier gestión es mejorable, en cualquiera de las Áreas. Incluida la de la propia alcaldesa, que también es mejorable», sentencia, al mismo tiempo que ofrece todo su respaldo a la concejal de Hacienda.

La chispa se ha convertido en fuego, pero ninguna de las dos formaciones va a dejar que se abrase el cogobierno. La alcaldesa se pide la última palabra, pero ya no es tan dura. En un tono que suena hasta maternal y empezando a apagar las llamas, asegura que «me siento responsable de todas las Delegaciones, del trabajo de todos los concejales de este gobierno». «Y tengo la necesidad de decir que hay que mejorar cuando algo no funciona. Pero absolutamente con todos. No distingo el color político», concluye.

El pulso por el IBI de los pisos vacíos

El cogobierno PSOE-IU andaba prácticamente con la “L” de prácticas cuando la edil de Hacienda, Alba Doblas (IU) compareció un 12 de agosto de 2015 para hacer un altisonante anuncio. Comunicó que en 2016 se cobraría un recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías.

Esta medida se inscribía en las políticas de la coalición de izquierdas de «guerra a la vivienda desocupada», pero por lo que se vio después no estaba en el arsenal del PSOE.

Sólo un mes después el escenario en el Ayuntamiento era muy distinto. Se empezaba a enfocar la medida a los pisos desocupados de entidades financieras o empresas -no a los de particulares-, pero todo en un marco meramente teórico. Porque la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), se desmarcó de IU y quedó claro que no se planteaba cobrarlo en 2016. Entre otras cosas, porque no se atisba base legal para ejecutar este recargo al IBI.

Sin embargo, en IU creían, y creen, que la normativa autonómica de vivienda da margen legal para activar este recargo.

No lo veían, ni lo ven, así en el PSOE. La primera edil, mediado septiembre de 2015, empezó a pegarle patadas hacia adelante a esta tasa sobre el IBI. Indicó que lo primero es «a lo largo de 2016 pactar el concepto de vivienda vacía». Luego, siguió, se elaborará un censo de los pisos desocupados.

El 26 de agosto de 2016, la edil de Hacienda y también máxima responsable de la empresa de Vivienda (Vimcorsa) resucitaba este recargo y afirmaba que «seguimos trabajando intensamente en ello». No obstante, reconocía que aún no tenían acabado el famoso, pero misterioso –se sabe muy poco de su elaboración-, catálogo de viviendas vacías, sin el que sería imposible aplicar el gravamen extra.

La regidora tardó cinco días en achicarle los espacios a su socio de gobierno en una medida anhelada para ellos. Fue contundente al señalar que el recargo del 50% del IBI a las viviendas desocupadas no llegará hasta que el Ayuntamiento no cuente con las garantías jurídicas necesarias. Este tema va camino de convertirse en una clásica serpiente de verano, momento previo a la elaboración de las ordenanzas fiscales (tributos y tasas). A finales de 2016, la edil de Hacienda y presidenta de Vimcorsa apunta a 2018 como fecha para la aplicación de este recargo.

El PSOE deja sola a IU en Cosmos

En el arranque del mandato, el PSOE y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, dejaron hacer a IU, como responsable de Urbanismo (con Pedro García al frente), en el cerco a la cementera Cosmos para tumbar su proyecto de incinerar residuos no peligrosos, como vía para generar combustible de uso interno y ahorrar así costes.

Pese a que la firma, propiedad de la multinacionalVotorantim, tenía la autorización medioambiental de la Junta (la Administración competente), la coalición de izquierdas, con el firme apoyo de Ganemos y la anuencia de los socialistas, se lanzó a tomar una serie de medidas para impedir que la cementera pudiera desarrollar en su actual emplazamiento (Chinales) la valorización, una iniciativa que tenía prevista a medio plazo, pero que considera fundamental para reducir costes.

Las fuerzas de izquierdas, amparándose en acuerdos preelectorales, consideraron que la quema de residuos es dañina para la salud.

La plantilla, donde tiene un peso importante UGT (sindicato siempre bien conectado con los socialistas), advirtió del riesgo existente de que Votorantim acabara cerrando las instalaciones de la joroba de Asland.

A finales de noviembre de 2015, los trabajadores anunciaron que comenzarían movilizaciones. A principios de diciembre de 2015, el PSOE empezó a exhibir un perfil algo diferenciado en la polémica. Los ocho líderes socialistas en los distritos de la capital, con el conocimiento de la alcaldesa, acordaron un escrito en el que defendían «abrir una ventana al diálogo» para intentar hallar «un punto de encuentro» en este conflicto.

El 13 de diciembre, durante una visita electoral a la capital, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ahondó en las diferencias del cogobierno en cuanto a Cosmos. Admitió, ante representantes de la plantilla y como queda grabado en video, que la posición del PSOE y de IU sobre esta polémica «no es la misma». La primera edil restó importancia a las palabras de Díaz.

Que la presidenta de la Junta tenía razón quedó completamente patente cuando el 15 de diciembre la protesta de los trabajadores de la cementera llegó al Pleno. El edil de Urbanismo, Pedro García (IU), dio la cara y mantuvo un tenso encuentro con la plantilla. En esa reunión, quedó claro que la coalición de izquierdas quería seguir adelante con las medidas para tumbar la quema de residuos.

Muy llamativo fue que ningún edil del PSOE ni la propia regidora le acompañaran. El 17 de diciembre, la regidora valoró positivamente el gesto de García, pero quiso reivindicar la labor de los socialistas: « Ni el grupo del PSOE ni yo nos hemos escondido ni un minuto en este tema». Se empeza a hablar de diálogo, pero la alcaldesa obviaba que se ofreció cuando las generales del 20-D se acercaban y los trabajadores ya se habían echado a la calle.

La alcaldesa lanzó una alternativa quimérica (por su millonario coste): el traslado de la planta a un lugar donde sí pueda incinerar residuos. Como buenos políticos, cuando se atascó la cuestión, el cogobierno auspició en febrero de 2016 el lanzamiento de una mesa de diálogo. Acabó en octubre sin ningún resultado.

Y el 29 de diciembre de 2016 en el Pleno se vivía un nuevo episodio de este desencuentro. PSOE, IU y Ganemos aprobaron de forma inicial en el Pleno una modificación del PGOU que acorralaba más a Cosmos. Ese paso implicaba desde ya no conceder durante un año más licencias a la cementera para cualquier obra o actividad en materia de quema de residuos.

La modificación va destinada a prohibir a esta empresa, y a cualquiera, emplear esa formula de generación de energía en suelos urbanos y urbanizables —se podrá hacer en la Campiña—. Pero en la sesión plenaria, el PSOE advirtió de que, para apoyar la aprobación provisional de este procedimiento urbanístico, exigirá que las limitaciones para valorizar sólo afecten a nuevas industrias. Eso implicaría que a Cosmos se zafaría de esta modificación del Plan General. IU y Ganemos no están de acuerdo con el PSOE, pero necesitan los votos socialistas para sacar adelante la innovación del PGOU.

Disputa en torno a la Mezquita-Catedral

La lucha por una titularidad pública de la Mezquita-Catedral une en los papeles al «tripartito». De hecho, entre los puntos que pactaron PSOE, IU y Ganemos para que la socialista Isabel Ambrosio pudiera ser alcaldesa está la reclamación de la titularidad pública del principal templo de la diócesis.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Los socialistas se mueven en esta cuestión para hacer guiños al electorado más de izquierdas y por los empujones que le propinan formaciones como IU y la marca municipalista de Podemos en la capital. Son conscientes de las razones legales e históricas -en 1236, Fernando III El Santo le entregó el inmueble a la Iglesia- sobre las que se basa la propiedad de la Iglesia. Ante ellas, irse a los juzgados se antoja un camino a la perdición.

Todo esto se pudo ver perfectamente en marzo de 2016. En los primeros días de marzo, 44 asociaciones o sindicatos, entre los que estaban CC.OO., presentaron un escrito dirigido a la primera edil en el que reclamaban que actuara ya en la reclamación pública de la Mezquita-Catedral al considerar algunos juristas que se vencía en esas fechas un plazo tras el que no se podría actuar.

La alcaldesa se revolvió. Comunicó que había solicitado un informe a la Asesoría Jurídica, pero ya avanzó que «en ningún momento de la historia el Ayuntamiento ha sido titular o propietario de la Mezquita-Catedral». Eso restaba muchos argumentos a cualquier actuación del Ayuntamiento. Evidenció que no le había gustado que las 44 asociaciones la hubieran intentado empujar a actuar. Dejó claro que «la improvisación y las prisas» no deben guiar la acción municipal para lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral.

Un mensaje muy distinto llegó del primer teniente de alcalde, Pedro García (IU). Éste indicó que «desde el Ayuntamiento hay un compromiso para trabajar hasta las últimas consecuencias jurídicas, administrativas, políticas y legales para que se revierta la propiedad» de la Mezquita-Catedral.

Todo se iba a liar aún más, cuando días despues el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, uno de los más altos funcionarios del Ayuntamiento, emitió un informe en el que defendía que el Consistorio intentara tumbar en los juzgados la inmatriculación de este bien -su inscripción en el Registro, algo que no da la propiedad, pero sí ofrece seguridad jurídica de la posesión de dicho bien-. Eso sí, Lavela defendió el argumento de que el monumento no sería propiedad de nadie al ser Patrimonio de la Humanidad.

La alcaldesa tomó el informe con «cautela» e, incluso, no dudó en cuestionar al secretario del Pleno, pues advirtió de que este funcionario no es experto en derecho hipotecario. Con más alborozo lo recibieron en IU. El primer teniente de alcalde indicó que con ese dictamen «hay más argumentos jurídicos que antes de ayer» para reclamar la propiedad pública del monumento. Eso sí, alivió la presión sobre Ambrosio y se alineó con ella, en cuanto al rechazo a una inminente acción judicial del Ayuntamiento.

Además, de inmediato el posicionamiento del secretario del Pleno quedó tocado al desvelarse que había plagiado parte del contenido y al salir a la luz otro informe, de la Asesoría Jurídica, con argumentos contrarios a los de Lavela. De hecho, en abril de 2016, en una respuesta por escrito al PP, Ambrosio advirtió de que ella se iba a guiar en esta cuestión exclusivamente por lo que indicara la Asesoría Jurdíca.

Al final, PSOE e IU volvieron a actuar como políticos de toda la vida -por muy alternativos que vendan ser- y apostaron por la creación de una comisión con la que cargarse de argumentos para intentar reivindicar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. Dicho foro está por constituir.

Las batallas del día a día

Estos casi dos años de mandato han brindado distintas ocasiones en las que el cogobierno PSOE-IU ha evidenciado su división en el Pleno. Éstos son algunos ejemplos:

En noviembre de 2015, IU intentó que Córdoba se sumara a la campaña «Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí». En uno de sus puntos, la moción defendía que el Consistorio se comprometiese a no establecer ningún «convenio, contrato o acuerdo de tipo político, institucional o comercial con empresas u organizaciones israelíes hasta que ese Estado no respete los Derechos Humanos», a no ser que estas instancias con las que se tejan acuerdos sí estén a favor de los derechos de los palestinos.

La coalición de izquierdas incluso defendió la necesidad de que eventos como el Festival de Música Sefardí, organizado por el Ayuntamiento, se «repensaran». Obviaba también la coalición de izquierdas el hecho de que Córdoba tenga como uno de sus objetivos turísticos captar al viajero judío. Al final, el PSOE se abstuvo y eso impidió que IU y Ganemos sacaran adelante la moción.

En abril de 2016, IU y Ganemos también se quedaron sólos en el Pleno al intentar que el Ayuntamiento de Córdoba arriara la bandera de la UE en señal de protesta por el acuerdo de la Comunidad con Turquía para el traslado de refugiados. El resto de la Corporación (socialistas, PP, Ciudadanos y UCOR) se opusieron a que la estrellas de la Unión Europea se retiraran de Capitulares.

Incluso en el arranque de 2016, se vivió una situación paradójica. Los socialistas, siguiendo los pasos de IU y Ganemos, en un Pleno acabaron votando en contra del «pacto antiyihadista» que su partido había rubricado a nivel nacional. Tras una primera etapa de negación y un informe del secretario de Pleno, el PSOE asumió su error y en otra sesión plenaria mostró su apoyo a dicho pacto.

Eso sí, los socialistas han sabido igualmente lo que es quedarse solos entre toda la bancada. En enero de 2017, el PSOE fue el único grupo que rechazó una moción del PP relativa a la fallida operación de la Junta en el Reina Sofía: sacar un concurso para que una firma privada pudiera construir el aparcamiento del Hospital, lo que implicaba su privatización, y luego lo explotara. Además, dicha firma debería aportar los fondos necesarios para que se construyera el edificio de consultas externas del Materno-Infantil. La presión ciudadana tumbó la iniciativa. Ganemos e IU, muy activos en la lucha contra este proyecto, no tuvieron problemas en sumarse a la moción del PP.