El director de la Oficina Comarcal Agraria de Los Pedroches I cesa investigado por prevaricación

El director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Pedroches I, José Miguel Carmona, ha sido cesado tras presentar su dimisión al delegado territorial de Agricultura, Francisco Zurera. Un cese que fue confirmado ayer por el delegado a ABC y que fue decidido el miércoles después de que el técnico presentara su dimisión el día 31 de octubre. El cese viene a ser otro de los capítulos de la enrarecida situación que se viene viviendo en la OCA, que estalló con los episodios de agresiones a dos veterinarios y que habría acabado en los juzgados con varias denuncias contra el ya exdirector de la oficina con sede en Pozoblanco.

Entre tanto, el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, confirmó a ABC Córdoba que Carmona había sido cesado, pero cumpliendo su deseo de «darse de baja voluntaria».

El responsable autonómico aclaró que hace unos días «me pidió la posibilidad de que lo cesara, pero a petición propia, porque ha decidido cambiar de puesto de trabajo al ser de libre designación».

Aunque oficialmente esta es la versión que ofrece la Junta, la apertura de diligencias por parte del Juzgado número 1 de Instrucción de Pozoblanco ante una denuncia, que no sería la única, por un delito de presunta prevaricación podrían haber impulsado al técnico a presentar su dimisión. Y es que después de que la jueza no admitiera a trámite varias denuncias puestas por técnicos de la propia OCA, ahora el mismo órgano habría iniciado una investigación ante las pruebas aportadas.

En la denuncia que ha propiciado la apertura de diligencias, y a la que ha tenido acceso este periódico, se indica que el proceder del director le ha llevado a «conceder en innumerables ocasiones guías denegadas por el equipo veterinario y siendo autorizadas por él, algunas de ellas incluso a mano y con destino a explotaciones dadas de alta por el mismo de una forma irregular». Además, se denuncia que los órganos superiores son conocedores de la situación y que «parecen estar más preocupados en defender los intereses económicos de los ganaderos que en defender la salud pública de los consumidores».

Por otro lado, también se denuncian represalias contra un veterinario que estaría en la actualidad suspendido de empleo. La apertura de diligencias ha llevado a la testificación de hasta siete veterinarios que habrían respaldado la versión aportada por el denunciante aportando diferentes pruebas.