La Diputación habilitó la ayuda máxima para Guadalquivir Futuro antes de solicitarla

La Diputación de Córdoba puso en marcha los trámites para conceder una ayuda de 40.000 euros, la máxima posible, a una de las entidades afines al PSOE sancionadas por quedarse con dinero de los contratos a parados, la fundación Guadalquivir Futuro, antes incluso de que la organización metiese por registro de entrada la solicitud escrita de su programa de trabajo.

Según el expediente, fue el 19 de abril cuando la institución provincial cambió su presupuesto para conceder hasta doce ayudas nominativas. Entonces, ya disponía de partida para pagar el convenio. La solicitud del acuerdo y la documentación técnica no se registró hasta el trece de mayo y, una vez realizado ese paso, todo fue rapidísimo. El 24 de mayo se firmaba el acuerdo y se entregaban los fondos.

El elemento más determinante es lo bien considerada que está Guadalquivir Futuro en el Instituto Provincial de Bienestar Social. Según su portal de transparencia, de todas las ayudas tramitadasla fundación Guadalquivir Futuro es la mayor con 40.000 euros. Para entender la diferencia con el resto, basta dar un dato: las siguientes organizaciones en recibir recursos fueron la Asociación de Padres de Autistas, Estrella Azahara y la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple, con 20.000 euros cada una.

En la cola de las ayudas, se encuentran entidades como las Adoratrices, que percibieron 4.500 euros y la asociación Arquímedes, con 1.216 euros. Buena parte de las entidades, Guadalquivir Futuro incluida, recibieron las cantidades cuando el proyecto ya estaba en marcha. Este caso, en concreto, el proyecto se inició el uno de abril de 2016 y concluye doce meses después.

La vigilancia necesaria

Una cuestión relevante es que la Diputación encargó dos informes legales con el propósito de establecer cuáles son las medidas a seguir a raíz de la sanción impuesta por la Junta con esta ayuda de 40.000 euros y ante la determinación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de una suspensión cautelar. La versión oficial fue que los informes aseguran que no es posible anular las ayudas una vez concedidas. La documentación desdice parcialmente esas aseveraciones.

Los documentos legales lo que dicen es que, con la documentación obrante en el expediente (y solo con esa), no es posible anular nada. El problema radica que en el expediente concreto no figura ni rastro de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo en la Junta. Tanto es así, que la opinión legal de la Diputación dista mucho de ser que una sanción impuesta por la Junta no puede tener efectos en otra institución. Lo que dice es que en el momento en el que se concedieron las ayudas, Guadalquivir Futuro que era apta para recibir subvenciones..

El dictamen legal dice exactamente lo contrario de lo que se ha transmitido. Afirma que el equipo de gobierno que preside Antonio Ruiz tiene que informarse por si concurre una hipótesis: que la entidad haya sido sancionada en firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según el artículo 13.2.h de la ley general de subvenciones.

De hecho, reclama que se curso un requerimiento a las instancias correspondientes para que se comunique al Instituto Provincial de Bienestar Social de las resoluciones adoptadas, las sanciones impuestas y si se encuentran en situación de firmeza o no por los efectos que de ello pudieran derivarse. La diferencia de análisis es notoria entre un «no se puede hacer nada» a un «infórmese para ver qué se puede hacer».