CASO MORDIDAS

La Diputación de Córdoba estudia si acepta la justificación de Guadalquivir Futuro

La fundación recibió de la institución provincial una subvención nominativa sin competir por ella

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, saluda al portavoz de Izquierda Unida ROLDÁN SERRANO

R. RUIZ

«Tenemos más ganas de que esto acabe que ustedes». La presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Felisa Cañete , tuvo un momento de confesión ante la oposición en el Pleno de este jueves de la Diputación de Córdoba cuando le tocó dar cuenta de la situación en la que se encuentra la última de las grandes subvenciones percibidas por la Fundación Guadalquivir Futuro , investigada en los juzgados de lo penal por quedarse con dinero de contratos públicos para dar trabajo a parados. La organización recibió el premio gordo de la institución provincial en los convenios nominativos de 2016 justo cuando empezaba a sonar con fuerza el escándalo y sin tener que competir por ello.

La Diputación tiene que decidir ahora si la justificación presentada -tras no pocos intentos por obtenerla- es suficiente para los técnicos y la Intervención de la institución. Se sabe que el gobierno del IPBS reclamó la documentación , que se presentó por registro de entrada y, según explicó Cañete, se tiene que tomar la determinación de darla por válida o no. El Pleno de ayer sirvió para ponerle fecha a esa determinación: el lunes 23 se ha convocado la comisión de seguimiento con el objetivo de comunicar a los responsables de Guadalquivir Futuro qué tienen que hacer.

La Diputación de Córdoba ha sido muy paciente con la fundación por esta ayuda. Los responsables de la fundación no cumplían ni uno de los parámetros con los que se concedió la ayuda. Teóricamente, la entidad tenía que gastar los recursos en una serie de personal cualificado con el objetivo de llevar a cabo un plan social en el distrito Guadalquivir . Sirvió para contratar a antiguos altos cargos de las Juventudes Socialistas . El IPBS decidió, en vez de retirar la ayuda y exigir su reingreso, decirle a la fundación que se atuviera a lo estricamente previsto en el convenio regulador.

El PP demandó, de nuevo, que se le remita la documentación «sin elaborar». Es decir, sin incluirla en informes técnicos sino datos brutos salidos de los ordenadores de la fundación. La presidenta del Instituto, por su parte, volvió a negarse a que miembros de la oposición asistan, siquiera como oyentes , a la comisión de seguimiento. Según dijo, no está previsto en el acuerdo marco que personal político del Pleno tenga presencia en esas reuniones que tienen carácter bilateral entre el IPBS y la fundación.

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