Detienen a tres cordobeses implicados en fraude masivo en las ayudas del Plan Pive

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a 78 personas y está investigando otras 29 como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del Plan PIVE, que subvenciona la compra de coches nuevos. Estas detenciones se han producido en el marco de la denominada Operación «Preveo», a través de la cual han conseguido pruebas incriminatorias de la relación de los detenidos con esta actividad delictiva.

Entre los detenidos se encuentran 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema y han sido detenidos por sendos delitos de estafa; otras 11 están relacionados con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputan también los delitos de estafa y, en algunos casos, falsificación de documentos.

Además, otras 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías en las que se llevaron a cabo este tipo de hechos, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer el delito de estafa.

Aparte de las de Ciudad Real, en Madrid hay 5 detenidos y 1 investigado, en Córdoba 3 detenidos y 1 investigado, en Lugo 3 detenidos y 2 investigados, en Jaén 1 detenido, en La Carolina (Jaén) 1 detenido, en Rentería (Guipúzcoa) 1 detenido y 1 investigado, en Guadalajara 1 investigado, en Gálvez (Toledo) 1 investigado y en Almería 1 investigado.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015 a raíz de la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), en el que manifestaba que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por uno que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos.

Anomalías

Así, la Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de la misma, todo ello sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección en ese establecimiento.

En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva, «sospechando que con todos ellos se habrían realizado actuaciones similares a la denunciada», según han añadido las mismas fuentes.

Fruto del primer análisis de la documentación intervenida, los agentes pudieron constatar que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos, «beneficiándose fraudulentamente del Plan Pive, destinado a la renovación del parque automovilístico nacional para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera», según añaden.

Dados de baja

La Guardia Civil procedió a tomar declaración individualizada a los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en la documentación que había sido intervenida en el desguace, los cuales estaban convencidos de que sus vehículos habían sido dados de baja al entregarlos.

Las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar las transferencias habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. Igualmente, se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida.

El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan Pive, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo. En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.