POZOBLANCO

Denuncian el «escarnio» al veterinario que denunció las irregularidades en la Oficina Comarcal Agraria

El sindicato SAF pone el caso en manos de sus abogado por un presunto «acoso laboral» de la Junta

El exdirector de la OCA de Pozoblanco (izquierda) y el delegado de Agricultura de Córdoba
El exdirector de la OCA de Pozoblanco (izquierda) y el delegado de Agricultura de Córdoba - QUERCUS

El cese del director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Pedroches I que se produjo hace unas semanas destapó un entramado de denuncias e informes que dejan patente la mala relación entre la dirección y algunos funcionarios. La apertura de diligencias por parte de Juzgado nº 1 de Instrucción de Pozoblanco no es la única acción derivada de esa situación, sino también otra que afecta a uno de los funcionarios que lleva suspendido de empleo desde el pasado mes de julio

Una suspensión que se produjo después de la apertura de tres expedientes disciplinarios incoados por el delegado territorial de Agricultura, Francisco Zurera, y que se centraron en apenas tres meses imputándole al funcionario público en cuestión dos infracciones graves y otra muy grave. Sin embargo, para el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) esta actuación por parte de la delegación podría deberse a «un escarmiento», como se recoge en algunas de las alegaciones presentadas por el sindicato.

Así, en ese documento al que ha tenido acceso ABC se apunta que la decisión «no tiene precedentes en el ámbito de la Junta de Andalucía por este tipo de actuaciones» y por lo tanto la tacha de «desproporcionada y carente de toda motivación que revelan claramente, lo que a nuestro entender, podría ser un escarmiento y represalia contra este funcionario por desavenencias personales con el director de la OCA Pedroches I, José Miguel Carmona Berenguer, y lo que es más importante y reviste mayor gravedad, por las frecuentes quejas y denuncias que este funcionario ha presentado ante las presuntas irregularidades observadas en el funcionamiento de la OCA».

Presunto acoso laboral

Unas supuestas irregularidades que el empleado público habría comenzado a denunciar en junio de 2015 cuando declaró en calidad de testigo ante la instrucción de diligencias policiales en la fase de investigación por la comisión de los supuestos delitos contra la salud pública, prevaricación y falsedad documental ante casos de tuberculosis.

El presidente de la Unión Provincial del SAF en Córdoba, Rafael Delgado, indicó en declaraciones a este periódico que «desde nuestro punto de vista la apertura de estos expedientes disciplinarios presuntamente podría ser constitutiva de un delito de acoso laboral» por eso indicó que «la misma está para su estudio en manos de nuestro gabinete jurídico, habiendo recurrido el SAF la suspensión cautelar de funciones impuesta al funcionario público».

Toda la actualidad en portada
publicidad

comentarios