Graduación de alumnos en el colegio Torrealba de Almodóvar del Río
Graduación de alumnos en el colegio Torrealba de Almodóvar del Río - ABC
APUNTES AL MARGEN

El debate de Almodóvar del Río

¿Puede una organización legal recibir fondos públicos pese a que sus ideas sean contrarias a las de quienes le gobiernan?

CÓRDOBAActualizado:

Con su ultimátum a la alcaldesa de Almodóvar, Sierra Luque, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha abierto un debate interesante que profundiza, bajo el humilde punto de vista del que firma, en un tema capital: las relaciones entre la Administración y la sociedad civil. Recapitulando, Maíllo ha advertido a Luque que la va a expulsar del partido en el caso concreto de que mantenga la ayuda concedida a la asociación de padres y madres del colegio Torrealba, propiedad del Opus Dei, y uno de los pocos centros de la provincia de Córdoba que practica la educación diferenciada por sexos. En sus aulas solamente pueden matricularse niños. Tanto Ganemos como las direcciones andaluza y provincial de IU se han desmarcado de una medida que no consiste, como se ha dicho, en la financiación del colegio propiamente dicho. Lo que se ha hecho, a propuesta del Partido Popular de la localidad, es incluir al AMPA del Torrealba en una línea de ayudas que van a recibir las entidades de madres y padres de todos los centros escolares del municipio mediante la ampliación de una partida inicial de 3.000 euros a la cifra definitiva de 4.000.

Como es sobradamente conocido, la Junta de Andalucía decidió retirar los fondos públicos del llamado concierto a los centros de educación segregada que en Córdoba son Torrealba, Yucatal y Zalima. Estas tres organizaciones emprendieron una batalla judicial que terminó con una sentencia del Tribunal Supremo. Considera el fallo -que ratifica uno anterior del TSJA- que la educación segregada, al amparo de un artículo de la Lomce, es una modalidad más que ha de considerarse como parte de la responsabilidad de los padres y madres a la hora de la elección de centro.

IU podría aclarar cuál es el grado de disensión tolerable para acceder a la financiación municipal

El debate sobre la educación segregada es una de esas cuestiones vivas en el campo de la enseñanza. Las administraciones lideradas por partidos de izquierda entienden que no cabe financiación pública a estos centros. Y cada cual puede tener una opinión. Como quiera que no pretendo ocultar la propia, considero que los colegios públicos y mixtos constituyen la opción correcta, postura que solo pretendo defender ante mi propia familia a la hora del periodo de matriculación. La cuestión es que existen varias sentencias y una legislación que, a día de hoy, entiende que colegios como Torrealba realizan una actividad legal sometida a los mismos controles que el resto de la red de centros escolares, cualesquiera que fuese su propiedad. Sobre la problemática del carácter concertado del centro, estaría bien que IU aclarase si hay concertados buenos (como las cooperativas) y malos (como los de carácter religioso). Igual aprenderíamos todos mucho.

La clave, en este punto, no es del colegio propiamente dicho sino de la entidad -esta sí, jurídicamente diferente al centro escolar- que forman las familias de los alumnos del colegio. Izquierda Unida y otros partidos progresistas entienden que no debe financiarse no ya Torrealba -que se hace por fuerza de ley- sino a las actividades extraescolares que efectúa una entidad civil por el hecho de que se presume de que sus ideas sobre la educación son distintas a las del partido que gobierna la ciudad donde se encuentra.

En este caso, IU podría aclarar cuál es el grado de disensión tolerable a la hora de acceder a la financiación del Ayuntamiento de Almodóvar. En otros órdenes de la vida, no estaría de más saber si una organización que entiende que se deben ocupar ilegalmente viviendas puede recibir subvenciones de un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. O si un partido de izquierdas que se considere como tal puede conceder una ayuda pública a una organización ciudadana que considere que la legislación sobre el divorcio es errónea. Puestos a preguntar, sería muy bueno que Antonio Maíllo aclarase quién ha de señalar la disensión tolerada y dónde está la línea roja que desata la expulsión de un cargo público. Y ya para finalizar, si el concepto democrático de un parlamentario de trayectoria intachable como Antonio Maíllo pasa por repartir los recursos públicos única y exclusivamente entre aquellos que están de acuerdo con quien gobierna. Motivo más que razonable para pensar que no solamente algunos esperan que se conteste «amén» cuando se acaba de hablar.