Las claves de la sentencia a María Fernández Pino, expresidenta de las empresarias de Córdoba

La expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC), María Fernández Pino , ha sido condenada a un año y nueves meses de prisión por un delito de apropiación indebida tras considerar probado que desvió a su patrimonio fondos de las cuentas de la entidad por más de 20.000 euros .

El proceso, que ha sido complejo y ha durado casi una década, llegó a los juzgados cordobeses en el año 2008. La sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba , a la que ha tenido acceso a este periódico, esgrime que el juez ha considerado probado que la UMEC , creada en 1979 y que se nutría esencialmente de subvenciones de instituciones públicas y cuotas de las socias, carecía durante los años en que María Fernández Pino fue su presidenta de una contabilidad clara y reglada. Así lo descubrieron las asociadas que asumieron las funciones de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la entidad desde la dimisión de Fernández Pino en 2007. Una auditoría fechada en 2008 concluyó que había importantes gastos e ingresos sin justificar y la asociación dejó el asunto en manos de la Fiscalía.

Según el juez, Fernández Pino «gestionó la organización de manera personalizada y caótica», incluso «cortijera» según afirmaron muchas testigos, incumpliendo las obligaciones estatuarias sobre contabilidad . En este marco de «absoluto descontrol económico» se realizaron numerosas operaciones en efectivo o con talones al portador y no se facturaron debidamente los gastos. La cuantía total de 20.000 euros se divide en distintos conceptos: transferencias desde las cuentas de la entidad, cargos personales e incluso el uso de la tarjeta de crédito de la UMEC para extraer efectivo o para realizar compras. Algunos de los cargos se devolvían, otros pasaban a su patrimonio.

En octubre de 2006, la entonces presidenta de la organización decidió que durante varios meses se le ingresarían 2.000 euros de los fondos de la UMEC , con los que se irían compensando gastos que, según ella, había costeado de su bolsillo. Su cargo como presidenta no estaba retribuido. Estos hechos no han tenido relevancia penal porque era una realidad conocida por las socias de la UMEC sin que estas planteasen quejas u oposición. Pero hay más: aprovechando la falta de rigor contable de la UMEC, Fernández Pino «impuso que con fondos de la UMEC se abonase una factura de reparación de un vehículo suyo », con un importe de unos 1.000 euros. Ese dinero salió de la «caja roja», donde se guardaba «un efectivo de nulo control». También impuso a una empleada que realizase una transferencia de 1.500 euros a una cuenta de su propiedad « con motivo de su cumpleaños ».

Fernández Pino, que era propietaria de la Agencia de Aduanas de Córdoba, vendió los muebles de su empresa a la UMEC por unos 10.000 euros, un hecho probado al que tampoco se le ha aplicado trascendencia penal. También costeó con fondos de la organización los gastos de constitución de una entidad creada en 2006, Tykhe . Esta empresa emitió facturas para que fuesen abonadas por la UMEC «pese a que no subyacía negocio o relación alguna entre ambas entidades». La mayoría de estos ingresos se devolverían, pero el juez considera probado que Fernández Pino incorporó a su patrimonio 11.665 euros que no regresaron a las arcas de UMEC .

Además, la sentencia explica que Fernández Pino usó de forma personal una tarjeta de crédito de la UMEC. Extrajo 6.000 euros y realizó varias operaciones de compra, por ejemplo en Renfe. En este episodio concreto, según el juez, la expresidenta de las mujeres empresarias se benefició a título personal de al menos 4.200 euros .