Cañamero será juzgado en el Supremo pese a renunciar a su aforamiento

«Gestos para la galería». Fue lo que dijo Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, cuando se le preguntó por la decisión de su compañero durante años en la lucha sindical, Diego Cañamero, de renunciar ante notario a su condición de aforado en el Tribunal Supremo, después de haber sido elegido diputado al Congreso de Unidos Podemos por la provincia de Jaén. Cañamero teatralizó su desmarque de ese privilegio el 21 de julio, pero ayer se supo que el Alto Tribunal le juzgará por el caso de la ocupación de la finca Somonte perteneciente a la Junta, en Palma del Río. Su concuñada, María del Carmen García Bueno, deberá comparecer, también como aforada, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al ser parlamentaria autonómica de Podemos.

Tras firmar en una notaría de Sevilla su renuncia al aforamiento, Cañamero manifestó que «el hecho de ser diputado no puede suponer tener una categoría superior a la del pueblo, porque el pueblo te elige como representante para defenderlo, no para defenderte tú con privilegios, sea de dinero o de posición política».

Tras esta proclama, el parlamentario de Unidos Podemos solicitó que cualquier tribunal le pueda «imputar o procesar sin ningún problema». Sin embargo, la realidad es que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) ha acordado remitir al Tribunal Supremo la parte de la causa por la ocupación por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca de Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, que afecta como investigado al diputado de Unidos Podemos por Jaén en el Congreso, Diego Cañamero.