Caixabank y Cajasur dejan el consejo de administración de Rabanales 21 bajo la sombra de nuevos embargos

El consejo de administración de Rabanales 21, el parque tecnológico de Córdoba, afronta la cita clave del viernes prácticamente desarbolado. A la ausencia de un plan de viabilidad firme para eludir de forma definitiva el concurso de acreedores se suma la determinación de la Agencia Tributaria, adelantada por ABC, de embargar el edificio Orión por impagos de un crédito de 2012 aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy, Economía). Para acabar de cerrar el círculo, una buena parte del accionariado no estará presente en la cita por haber dimitido de su cargo. En concreto, los consejeros que representan a Caixabank y Cajasur han dejado sus puestos en el órgano de administración. A ello se le suma que uno de los tres consejeros que aporta la Universidad de Córdoba, el catedrático José Antonio Gómez-Limón también decidió el pasado mes de abril dejar su puesto como administrador de la empresa ante las evidentes diferencias que mantenía con las propuestas para salvar la empresa.

La marcha de los consejeros de Caixabank y Cajasur es específicamente complicada por lo que suman en el accionariado. Rabanales 21 es, a día de hoy, una sociedad mercantil de capital mayoritariamente privado. El grupo industrial de La Caixa es el primer accionista de la empresa con un 35,5 por ciento del capital. Cajasur tiene una participación mucho menor, del diez por ciento, pero entre ambos tienen un peso que supera el 45 por ciento de las acciones de la empresa.

En estos momentos, solo conservarían sus cargos dos de los consejeros de la Universidad de Córdoba entre los se encuentra el presidente de la sociedad, Manuel Pineda, los que representan a la Junta (por medio de la entidad Sorprea) y los que dan voz al Ayuntamiento (cuya presencia se ha cedido informalmente a un asesor de Isabel Ambrosio, Miguel Franco) y la Diputación. Por la parte privada, tan solo quedaría el representante de la promotora Prasa.

Cauciones de la Agencia Tributaria

El embargo del edificio Orión es un problema pero parece ser el primero. Los directivos de la empresa saben que o se produce un pago inmediato de las cantidades que se reclaman o llegarán nuevas medidas coercitivas con un plazo que es, además, inmediato. La panoplia de cauciones que puede tomar la Agencia Tributaria para garantizar el pago van desde la intervención de los ingresos de la entidad mercantil hasta nuevos apremios. El que más preocupa a la dirección de Rabanales 21 es un crédito de 1,4 millones de euros que se encuentra impagado. Una reclamación de cantidades de esta naturaleza sin una aportación de fondos que la respalde o una negociación exprés para dar tiempo obligaría a un concurso de acreedores. La entidad salió hace menos de un mes del preconcurso, causado por una insolvencia económica, pero sin llegar a un consenso sobre qué plan de viabilidad se va aplicar. Las consecuencias han sido que Hacienda ha optado proteger sus inversiones mediante la caución de la actual sede de Canvax Biotech, una de las principales empresas de investigación biomédica de Andalucía.

La marcha de los consejeros de La Caixa no es una buena noticia para Rabanales 21. La entidad financiera catalana era una parte fundamental del programa inicialmente pactado con el objetivo de meter dinero. Originalmente, iba a aportar fondos por medio de un préstamos hipotecarios precisamente para pagar las deudas más urgentes gracias a un acuerdo de colaboración. El crédito se fue poniendo cada vez más complejo por la asunción de riesgos por parte del banco (que tiene que financiar una empresa problemática de la que es copropietaria) y la exigencia de mayores aportaciones y garantías por parte de los socios del tecnoparque. El motivo principal de todo el escollo.

En este contexto, el Ayuntamiento de Córdoba, que cuenta con representación en el consejo de administración de Rabanales 21, apostó ayer por huir de todo alarmismo y confía en que el tecnoparque pueda afrontar sus deudas en cuestión de días. Fuentes cercanas a la alcaldesa Isabel Ambrosio afirmaron ayer que la postura municipal al respecto de los embargos es que no introducen novedades a la situación que existía anteriormente. Es sólo «un plazo administrativo más» que «no empeora las cosas» y un obstáculo que se salvará en cuanto se alcance un acuerdo. A ese acuerdo, que pasa por una mayor participación de la Junta de Andalucía en el parque, espera llegar la regidora en una reunión que mantendrá este jueves con el nuevo consejero de Empleo, Javier Carnero. Desde el Consistorio, se confía en que en breve plazo la sociedad dispongan de fondos líquidos para levantar el embargo. Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, presidida por Pedro García (IU), declinaron hacer declaraciones.

La Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba declinaron hacer declaraciones hasta que se celebre la próxima reunión del consejo de administración. Este periódico intentó sin éxito contactar con el presidente del Parque Tecnológico Rabanales 21, el catedrático de la Universidad de Córdoba Manuel Pineda, para recabar su valoración de la situación actual. El gerente de la empresa, Juan Ramón Cuadros, declinó realizar declaraciones.